300 personas ingresan a prisión cada día en México. Esa cifra ha provocado un rápido crecimiento de la población penitenciaria en el país; sin embargo, no indica que se abatió la impunidad o que se puso un alto a la violencia.
Cuatro de cada 10 personas que se encuentran en prisión en México permanecen detenidas bajo la figura legal de prisión preventiva, de acuerdo con la activista Saskia Niño de Rivera.
Si bien ese 40% de la población penitenciaria no está privada de su libertad bajo la figura de prisión preventiva oficiosa, sí es una “muestra del abuso de este recurso” por parte de las autoridades, explica la activista.
*De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hay casos en los que algunos imputados han permanecido hasta 17 años en prisión preventiva sin recibir una sentencia. Un ejemplo es el de Israel Vallarta, uno de los presuntos implicados en el caso Florence Cassez, quien está en prisión preventiva y sin sentencia desde 2005.*
En ese tenor, Diego Valadés, exprocurador general de la República, asegura que el problema no son los agentes del Ministerio Público o los jueces, sino que el conflicto radica en que las instituciones de justicia no tienen capacidad para atender “tantas solicitudes” al día.
“Lo que pasa es que el número de agentes del Ministerio Público con relación al número de delitos que se cometen en el país, y son denunciados, no tienen proporción.
“Es materialmente imposible exigirles que tengan otro tipo de resultados si el Estado mismo los mantiene en condiciones de enorme desventaja y, por eso, cuando se les acusa, pues se les acusa de manera injustificada”, detalló Diego Valades en entrevista con El Financiero.
Al hablar sobre el debate que se realizará este lunes 5 de septiembre en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que se resolverá si los ministros ordenan la inaplicación del artículo 19 de la Constitución que establece la prisión preventiva oficiosa para ciertos delitos, Valdés añadió que el Estado mexicano requiere una reforma en materia de acceso e impartición de justicia acorde con las complejidades de los problemas del país y con la dimensión demográfica que abarca México.
“La justicia mexicana tendría que ser revisada a fondo, no solo por la prisión preventiva, sino por la carga de trabajo de los agentes del Ministerio Público, por la carga de trabajo de los jueces, por muchos procedimientos que están mal diseñados en la ley y por eso se hacen tan largos muchas veces los juicios”, finalizó.