Hace un año México vivía en la incertidumbre sobre la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ahora, varios meses después, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México ordenó a la GN vigilar el Metro.
Por eso resulta conveniente conocer cuáles son las obligaciones y limitantes de esta institución. Sobre todo si se tiene en cuenta el historial de violación a derechos humanos que tiene el Ejército mexicano, el cual quedará a cargo de este cuerpo policial por acuerdo presidencial.
¿Qué atribuciones tiene la Guardia Nacional?
En la Ley de la Guardia Nacional publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2019, se establecen 44 atribuciones y obligaciones para este órgano encargado de la seguridad pública del país.
Una de ellas es realizar la detención de personas y el aseguramiento de bienes relacionados con hechos delictivos pero no solo eso, esta acción debe llevarse a cabo conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Una vez detenida la persona, la Guardia Nacional debe proceder inmediatamente a su registro en los términos señalados así como a preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, la integridad de los indicios, huellas o vestigios, instrumentos, objetos o productos del delito, dando aviso inmediato al Ministerio Público.
También contará con unidades facultadas para el procesamiento del lugar de los hechos, de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales y los protocolos correspondientes.
Asimismo está facultada para recibir denuncias pero deberá verificar que sean constitutivas de delito e informar al Ministerio Público al respecto.
¿Cuál es el trabajo de la Guardia Nacional?
La Guardia Nacional está facultada para garantizar, mantener y restablecer la paz y el orden públicos.
Otras de sus funciones son prevenir la comisión de delitos en el territorio y efectuar tareas de investigación con este motivo, proporcionar atención a víctimas, obtener información, colaborar con autoridades federales en operativos conjuntos, imponer sanciones por violaciones a las disposiciones legales relativas al tránsito en caminos y puentes federales, prestar servicios de protección civil, entre otras cosas.