El proceso de investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa ocurrida hace ocho años se vio estremecido el sábado 24 de septiembre por la filtración en la prensa del contenido de un informe oficial del caso, lo que llevó a las autoridades a solicitar a la Fiscalía General de la República (FGR) una averiguación.
El subsecretario de Derechos Humanos y jefe de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, condenó la difusión en un diario de circulación nacional de partes del informe que entregó la comisión a la Fiscalía General de la República, sobre las investigaciones adelantadas en relación a la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, que ocurrieron entre el 26 y 27 de septiembre del 2014 en la ciudad de Iguala, Guerrero.
La filtración del informe se da semanas después que Encinas presentó a la prensa la investigación que adelantó la Comisión de la Verdad, la cual determinó que fue un “crimen de Estado” el caso de Ayotzinapa tras reconocer la responsabilidad de los tres niveles de gobierno, incluyendo a elementos del 27 Batallón de Infantería de Iguala.
En el reporte del medio nacional se revelan nuevos datos de cómo se dieron las muertes y desapariciones de los cuerpos de los jóvenes, y los actores implicados en esas acciones, informaciones sobre las que Encinas no se pronunció.
Filtración “abre paso a la impunidad”: Encinas
El subsecretario de Derechos Humanos consideró la filtración del informe “absolutamente irresponsable” y una “falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes”, y dijo en su cuenta de Twitter que las filtraciones “lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”.
Encinas anunció que solicitó a la FGR que inicie una indagatoria para identificar y castigar a los responsables de lo que describió como una “grave filtración”.
En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado.
— Alejandro Encinas (@A_Encinas_R) September 24, 2022
Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad.
Al lamentar la filtración, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) —que ha apoyado a los familiares de los estudiantes desaparecidos— dijo que esa acción “revictimiza a las familias”, y planteó en un comunicado que se debe indagar a las autoridades, que “actuando con irresponsabilidad generan confusión y dolor”, y no a la prensa.
Asimismo, el Centro Prodh manifestó preocupación por las informaciones difundidas por la prensa de que la Fiscalía General de la República supuestamente solicitó la cancelación de algunas órdenes de aprehensión en el caso, que según los medios habrían beneficiado a militares.
“Estaremos analizando los alcances legales de esa decisión, como estamos analizando la solidez de los procesos penales iniciados recientemente, preocupados por el desplazamiento de la UEILCA (Unidad Especializada en Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa)”, refiere el comunicado.
Denuncian ante la FGR a juez del caso Ayotzinapa
La Secretaría de Gobernación dijo en un comunicado que se denunció ante la Fiscalía General de la República al juez de Matamoros, Samuel Ventura Ramos, por la “probable comisión de delitos contra la administración de justicia y lo que resulte”.
En el escrito se señala a Ventura Ramos de haber dictado “más de 120 libertades absolutorias” de personas procesadas por la desaparición de los 43 estudiantes.
Esta semana, el juez dictó una sentencia absolutoria a favor 24 detenidos, que no salieron en libertad debido a que enfrentan cargos por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada de personas, refiere el comunicado.
Ventura Ramos también absolvió este mes a quien era el alcalde de Iguala cuando ocurrieron las desapariciones, José Luis Abarca, y de otras 19 personas implicadas en el caso, que quedaron detenidas debido a que enfrentaban otros procesos.
El Centro Prodh cuestionó el sábado que se denuncie penalmente a jueces por las recientes absoluciones, y planteó en un comunicado que “fiscales y ministerios públicos son quienes deben rendir cuentas pues por sus acciones y omisiones se llegó a ese extremo”.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro de Análisis e Investigación Fundar y la organización civil Servicios y Asesorías para la paz (SERAPAZ) y Centro Prodh exhortaron recientemente a la Fiscalía General a que recurra la absolución de Abarca y recordaron que esa sentencia se deriva de una “mala actuación” de la Procuraduría General de ese entonces y de una acusación que se presentó en 2014 que tenía “numerosas irregularidades, incluyendo la práctica extensiva de la tortura” lo que llevó a la exclusión de múltiples pruebas.
La polémica generada por la filtración del contenido del informe se da tras las protestas que realizaron esta semana en un complejo militar de la capital mexicana y la sede de la Fiscalía General de la República los familiares de los estudiantes previas al aniversario de las desapariciones.
Luego de las protestas de los familiares algunos manifestantes, con los rostros cubiertos con camisetas, protagonizaron hechos violentos en las dos instalaciones que dejaron medio centenar de policías y militares heridos.
El proceso de Ayotzinapa tuvo un giro en agosto luego de que la Comisión de la Verdad difundió un nuevo informe del caso. Poco después de la presentación del informe la Fiscalía General anunció que había emitido 83 órdenes de captura contra los involucrados en el caso, y fue detenido el ex procurador general Jesús Murillo Karam. El gobierno informó la semana pasada que fueron apresados tres militares, entre ellos el general retirado José Rodríguez Pérez, quien fue el comandante del 27 Batallón de Infantería.