Este lunes se cumplen ocho años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero y, pese a la intervención de dos gobiernos federales, en este caso aún no hay justicia.
Ambos gobiernos, el de Enrique Peña Nieto y el de Andrés Manuel López Obrador, coinciden en que los estudiantes fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos. Al día de hoy se desconoce el paradero de los restos de la mayoría; sólo se han hallado algunos fragmentos óseos de tres de los jóvenes.
El gobierno de la 4T tiene el objetivo de sepultar la verdad histórica, que construyó el gobierno de Peña Nieto, y rehacer aquella investigación que estuvo “viciada de origen” por detenciones arbitrarias, tortura, manipulación y ocultamiento de evidencia, así como obtención de pruebas ilegales e ilícitas, de acuerdo con su propia indagatoria.
La nueva investigación se centra en acreditar un ‘crimen de Estado’ y demostrar que se trató de una acción concertada, entre criminales y autoridades corruptas de todos los niveles, incluidos elementos de la Marina y el Ejército.
A través de la Comisión de la Verdad, el gobierno del presidente López Obrador ha acelerado las acciones, a partir de agosto, para acreditar una nueva narrativa de lo que sucedió en la llamada Noche de Iguala. También se han acelerado las filtraciones a la prensa.
Las autoridades federales han echado mano del testimonio de quienes participaron en los hechos.
Se busca que personajes como Sidronio Casarrubias o Gildardo López, líderes de Guerreros Unidos, digan de manera legal (bajo la figura del testigo colaborador) lo que antes informaron con base en tortura.
A la fecha el gobierno ya enganchó a más de 20 testigos protegidos, a quienes ofreció beneficios procesales a cambio de que sustenten con su dicho la nueva tesis del gobierno federal y, sobre todo, digan dónde están los restos de los normalistas, elemento que a la fecha es quizá el principal pendiente del caso.
Entre los testigos protegidos del gobierno están Juan (Gildardo López), Karla (Carlos Leyva), Neto, Azul, Samuel, Moisés, Damián, William, Aldeano, Uno, 2A, Luga, Anca, AMF, Santiago, Espejel o Gerardo.
Con base en el dicho de estos testigos protegidos, la actual administración detuvo hace unos días al general del Ejército José Rodríguez Pérez y dos militares más, así como al exprocurador Jesús Murillo Karam, entre otros servidores y exservidores públicos.
A Rodríguez lo acusa de participar activamente en la desaparición y muerte de los normalistas, y a Murillo Karam, de delitos contra la administración de la justicia, tortura y desaparición forzada.
Además, según la Fiscalía General de la República (FGR), solicitó y obtuvo 83 órdenes de aprehensión contra militares, policías estatales y municipales, y miembros de Guerreros Unidos. También está pendiente la detención de Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, pieza clave del caso.
En contraste, por faltas al debido proceso, en las últimas semanas un juez federal exoneró a decenas de personas, entre ellas presuntos criminales y exfuncionarios, como José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, señalado de ser uno de los principales artífices de la desaparición.
No obstante, no todos los exonerados lograron su libertad, ya que la FGR echó mano de los testigos colaboradores para mantener preso a Abarca y a su esposa, María de los Ángeles Pineda, entre otros.
Pero, a la vez, desistió de al menos 21 órdenes de aprehensión, de las 83 que solicitó. De ellas, 16 eran contra militares y funcionarios de Guerrero, como el exfiscal Iñaki Blanco y la expresidenta del Tribunal de Justicia, Lambertina Galeana.