En las cárceles que están a cargo del gobierno de Morelos, que encabeza el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco, prevalece la sobrepoblación, el hacinamiento y el autogobierno.
Criminales controlan la vida interna y, en colusión con “autoridades corruptas”, mantienen el tráfico de armas y droga; hay riñas, motines y homicidios; además, las y los internos reciben tratos crueles e inhumanos o son abusados sexualmente.
“No en balde se dice la frase coloquial de que (los penales) son las universidades del crimen”, aseguró a EL FINANCIERO Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos.
Dijo que las malas prácticas imposibilitan la reinserción social de las personas privadas de la libertad y “quien paga los platos rotos es la sociedad”, pues de nada sirve detener, enjuiciar y sentenciar a criminales, si no hay reinserción social.
Hernández Cruz presentó ayer el informe Diagnóstico Estatal de Reinserción Social 2021, donde se indica que, a diciembre de 2021, en Morelos había 3 mil 929 personas privadas de la libertad, 2 mil 527 de las cuales ya tenían sentencia y mil 402 aún enfrentan procesos penales.
Por ello, se pronunció por una revisión de cada uno de los casos para evitar que estas personas cumplan, de facto, una sentencia que no ha sido dictada por un juez. Agregó que no se trata de una reforma legal, sino de cumplir la ley.
“Hacemos un llamado a la sociedad para generar conciencia de que las personas privadas de la libertad siguen siendo sujetas de derechos humanos y merecen la oportunidad de construir un nuevo proyecto de vida”, aseguró.
Hernández Cruz subrayó que en los seis centros penitenciarios a cargo del gobierno local hay sobrepoblación de hasta 100 por ciento, lo que genera autogobierno por la incapacidad de cubrir necesidades básicas de operación y custodia.
Se hallaron también constantes violaciones a derechos humanos, deficiencias y malas condiciones en la infraestructura.
Hernández Cruz refirió que estas observaciones se han hecho antes, pero no se han tomado en serio durante los cuatro años del gobierno de Blanco. Simplemente “rechazan contestar”. Dijo que si bien la calificación de los penales pasó de 6.67 a 7.19, el aumento es de décimas y nada sustancial.