Organizaciones de la sociedad civil presentaron 24 amparos ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) en contra de la reforma con la que se busca que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se haga cargo de la Guardia Nacional (GN).
A través de un comunicado, diversas organizaciones, entre ellas México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Intersecta y Data Cívica, afirmaron que estos cambios a las leyes son un atentado contra la democracia y las vías civiles del país.
“Estos amparos fueron presentados en un contexto en donde las Fuerzas Armadas les son asignadas cada vez más tareas civiles ajenas a la seguridad, a la par que aumentan sus recursos”, aseguraron las organizaciones.
Reclaman por espionaje a activistas
Además, las entidades señalaron los riesgos que se han corrido durante este sexenio después de haberle otorgado más poder al Ejército.
“Espían a personas defensoras de derechos humanos, universidades y periodistas, desatienden los llamados del Congreso a rendir cuentas por las recientes filtraciones de información de la Sedena, acusaron.
Según los organismos civiles, estamos ante un escenario en el que las Fuerzas armadas cada vez obtienen más poder y autonomía, lo que está poniendo en riesgo su neutralidad y la estabilidad democrática del país.
Asimismo, señalaron que con esta iniciativa, el Estado mexicano estaría renunciando a contar con un cuerpo de seguridad civil, como ya lo hizo al extender el mandato de la Guardia en tea hasta 2028.
“Para las organizaciones de la sociedad civil, el traspaso de la Guardia Nacional representa la claudicación del Estado de contar con una institución policial civil federal, tal y como la que ordena la propia constitución”, apuntaron.
Declararon que la actuación de los militares en las calles no ha dado buenos resultados, por lo que pidieron que mejor se apueste por fortalecer a un cuerpo civil en lugar de uno militar.
“Ahora formalmente detentan el control sobre la seguridad pública del país, a pesar de que, por más de 15 años de despliegue militar, su participación no ha mejorado las condiciones de seguridad en el territorio nacional”, expusieron las organizaciones.