La reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es la última tarea en su lista de retos constitucionales que planea instaurar en México, a menos de dos años de que termine su mandato.
La reforma ha generado polémica porque crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al INE, órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al Gobierno. También eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de “propaganda” para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque favorecerían al actual partido en el poder.
El mandatario defendió una de las disposiciones más controvertidas de la reforma, que implicaría elegir por voto popular a los consejeros del nuevo instituto electoral y a los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
El presidente ha argumentado que esto es “para garantizar elecciones limpias y libres” y para que estas autoridades electorales, “imparciales”, en lugar de “ser nombradas por las cúpulas del poder económico y el poder político, las elija el pueblo”
Los ‘taches’ de la reforma electoral
Integralia Consultores presentó en su informe “Implicaciones de la reforma electoral” una serie de puntos que advierten sobre puntos contraproducentes que podrían derivarse tras la aprobación de la reforma.
- Se socava la autonomía y profesionalismo de las autoridades electorales: elegir a los consejeros y magistrados electorales por voto popular politizaría su perfil. En lugar de expertos, los cuadros directivos serían políticos profesionales, militantes y activistas.
- Grandes costos: conseguir los fondos para desplegar una campaña nacional en busca del voto puede implicar varios millones de pesos (o decenas): quien compita tendrá fondeadores externos con intereses políticos o económicos
- Se modifica radicalmente el sistema de representación: en contraste a lo que había anunciado el presidente López Obrador, la propuesta elimina a los legisladores de mayoría relativa y los sustituye con puros de representación proporcional con base en listas estatales.
- Distorsión de representantes: diputados y senadores serían elegidos mediante listas estatales, con lo cual se eliminan las diferencias de la representatividad que es base del bicameralismo y del federalismo
- Se pone en riesgo la sobrevivencia de los partidos: sin financiamiento público en años no electorales, los partidos políticos son vulnerables y se convierten en maquinarias para ganar elecciones.
- Coaliciones en duda: la iniciativa es omisa respecto de este tema; no queda claro cómo se compaginaría el sistema de listas con las alianzas entre partidos. Podría implicar, en los hechos, una desaparición de las coaliciones.
- Reducción de tiempo en radio y TV: la iniciativa elimina 18 minutos de programación para el Estado durante procesos electorales y reduce a 10 por ciento de la totalidad del tiempo, el espacio con el que cuenta la autoridad electoral para la difusión de mensajes de carácter informativo y promoción del voto.
Con información de EFE