La reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador es la última tarea en su lista de retos constitucionales que planea instaurar en México, pero su planteamiento está basado en una mentira disfrazada de austeridad económica.
“La propuesta está montada en una mentira (...) El argumento central de AMLO es -tenemos que ahorrar, es cara nuestra democracia- (...) Esa idea de que tenemos que ahorrar me parece una gran mentira. Si revisamos el Presupuesto de Egresos de la Federación, el INE nos cuesta este año 19 mil 700 mdp, el Tribunal nos cuesta 2 mil 700 mdp, juntos cuestan 22 mil 500 mdp, hoy El Financiero informa que la CFE recibió un subsidio de 68 mil 800 mdp solamente de enero a septiembre de este año”, refirió Leonardo Valdés Zurita, exconsejero Presidente del IFE.
En EF MeetPoint. La batalla de la reforma electoral, Zurita destacó que “el presupuesto de nuestra democracia, los 22 mil 500 mdp no alcanzan para pagar el subsidio que recibe CFE, es apenas un 32 por ciento de ese subsidio, en el presupuesto siempre se calcula el déficit fiscal, el costo de nuestra democracia cubre apenas el 2.57 por ciento del déficit fiscal de este año, el costo de nuestra democracia para el tamaño de nuestras finanzas públicas es en realidad es muy pequeño”.
El exconsejero apuntó que “es una mentira que la democracia sea cara, claro que cuesta, puede disminuir su costo, pero no con la propuestas de AMLO, el problema es que sus propuestas buscan un diseño de autoridad electoral que quede en manos de activistas políticos”.
La reforma electoral propuesta por AMLO ha generado polémica porque crearía el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) para sustituir al INE, órgano autónomo que surgió para quitar el control de las elecciones al Gobierno. También eliminaría 200 diputados y 32 senadores, reduciría el financiamiento de los partidos políticos y redefiniría el concepto de “propaganda” para que el Gobierno se pronuncie durante las elecciones, disposiciones criticadas porque favorecerían al actual partido en el poder.
La reforma reduciría el número de legisladores en la cámara baja del Congreso de 500 a 300 y los senadores de 128 a 96 al eliminar a los legisladores generales. Estos no son elegidos directamente por los votantes, pero aparecen en las listas de los partidos y obtienen escaños en función de la proporción de votos de su partido.
Los partidos políticos solo recibirían fondos públicos durante las campañas en lugar de anualmente, como lo hacen ahora. Se flexibilizarían las reglas contra los funcionarios y agencias que promueven sus programas durante las temporadas de campaña. Actualmente, incluso muchos sitios web gubernamentales están desactivados durante las campañas.
La administración de López Obrador argumenta que los cambios le ahorrarían a México mil 200 millones de pesos y permitirían a los ciudadanos seleccionar personas honestas para realizar elecciones.