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Caso Inés Gómez Mont: Esta es la orden de aprehensión que ‘libró’

La jueza Rosa Montaño señaló que la orden de aprehensión contra Inés Gómez Mont carece de motivación y fundamentación jurídica, por lo que se deberá volver a estudiar el caso.

La presentadora tiene a cuestas otra orden de aprehensión por defraudación fiscal de 6 millones 600 mil pesos: esta se liberó en julio de este año. (Especial).

El Juzgado Décimo Quinto de Distrito de Amparo en materia Penal otorgó un amparo a la conductora Inés Gómez Mont contra  la orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal de más de 12 millones de pesos.

Con esta acción, la jueza Rosa Montaño Martínez, titular del Juzgado, ordenó al juez de control Alberto Torres Villanueva dejar insubsistente la orden, ya que esta carece de motivación y fundamentación jurídica.

Ahora Torres Villanueva deberá volver a estudiar el caso para decidir si debe o no otorgar la orden de aprehensión.

¿Qué otro proceso judicial enfrenta Inés Gómez Mont?

Sin embargo, la presentadora tiene a cuestas otra orden de aprehensión por defraudación fiscal de 6 millones 600 mil pesos. Esta se liberó en julio de este año.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), quien solicitó su detención, Gómez Mont omitió el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2015.

Autoridades federales confirmaron que la orden de captura fue librada por un juez de control del Reclusorio Preventivo Varonil Norte, desde el 29 de octubre de 2021, dentro de la causa penal 468/2021.


Ante ello, Gómez Mont promovió un juicio de amparo, con el cual buscaba echar abajo la orden de detención. También pidió que se desactivara la búsqueda internacional a través de la Ficha Roja que emitió la Interpol en su contra.

Del amparo conoció el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, quien le negó la protección de la justicia y la orden de captura quedó vigente.

La presentadora aún puede apelar dicha decisión ante un Tribunal federal.

Según la FGR, la pareja utilizó empresas fachada para lavar dinero de procedencia ilícita, ya que simularon facturar tras obtener contratos, sin licitación, por parte de la Secretaría de Gobernación en el sexenio pasado.


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