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Hackers amenazan al Senado: ‘Hemos recibido 300 mil intentos de ataques’, dice Monreal

Ricardo Monreal expresó que México es uno de los países más afectados por hackeo a las instituciones.

Las instituciones mexicanas son vulnerables a los hackeos cibernéticos, expuso Ricardo Monreal. (Shutterstock)

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, aseguró que, en el último año, la Cámara Alta ha sufrido 300 mil intentos de hackeo en sus cuentas y fuentes.

“En el Senado este año hemos recibido intentos en 300 mil ocasiones de afectar y de hackear nuestras cuentas y nuestras fuentes. Incluso, regiones enteras como América Latina y el Caribe tienden a recibir cada vez más ataques de delincuentes cibernéticos”, detalló el senador en el foro virtual “Hacia un Ciberespacio más Seguro para México”.

Además, reveló que los ataques cibernéticos cuestan al país cerca de 8 mil millones de dólares al año, mientras que a nivel mundial, en 2022, el costo implicó pérdidas que alcanzaron los 8 trillones de dólares, lo cual podría incrementar a 10 trillones para el 2025.

Tras la filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por Guacamaya Leaks, Monreal consideró a México como uno de los países más afectado con respecto a intentos de hackeo dentro de las instituciones.

“En México y en el mundo se ha acelerado de manera exponencial el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Derivado de esta digitalización hemos sido testigos de la proliferación de los ataques cibernéticos perpetrados por grupos criminales, ya sean grupos multinacionales o gobiernos de otros estados que utilicen técnicas con crecientes niveles de sofisticación”, expuso durante la inauguración del foro virtual.

Por lo anterior, el funcionario consideró necesario un modelo de gobernanza de la ciberseguridad con un marco jurídico sólido y moderno.


Este jueves, el presidente de la JUCOPO señaló que los ataques tienen el objetivo principal de afectar la infraestructura y los sistemas informativos de los gobiernos o de las empresas, con lo que se pueden causar “serios perjuicios económicos”, o bien, afectar la soberanía de un país.



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