Con 479 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, los legisladores de la Cámara de Diputados aprobaron, el miércoles 23 de noviembre, el dictamen que reforma la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente para promover el establecimiento de Clínicas Veterinarias Públicas.
Con el dictamen, los legisladores planean impulsar el bienestar de los animales de compañía, a través del establecimiento de clínicas veterinarias públicas en todo el país, que estarán sujetas a la disponibilidad del presupuesto de las entidades, como medida para facilitar la cultura de la tenencia responsable, el cuidado y la protección animal.
En México, el 69.8 por ciento de los hogares cuenta con algún tipo de mascota. La Ciudad de México tiene la proporción más baja de hogares con animales de compañía, con 61.4 por ciento, mientras que Campeche tiene la proporción más alta, con 77.1 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar Autorreportado (ENBIARE) 2021.
La diputada Itzel Aleli Domínguez Zopiyactle, del Partido Verde (PVEM), destacó que la finalidad es que los gobiernos locales promuevan el establecimiento de clínicas veterinarias públicas, ya que, a pesar de que siete de cada 10 hogares tienen algún tipo de mascota, solamente el 42 por ciento de las personas los llevan al veterinario y el 33 por ciento no lo ha hecho nunca.
“Eso puede deberse a la irresponsabilidad de algunas personas, pero también a la falta de recursos, que muchas veces limita las posibilidades de las familias para brindar una atención adecuada a sus animales de compañía”.
Aunado a ello, la legisladora señaló que México cuenta con más de 58 mil médicos veterinarios zootecnistas, que se enfrentan al desempleo, bajos salarios, informalidad laboral y desigualdad de género, por lo que resulta necesario impulsar la ocupación de los profesionistas bajo condiciones laborales dignas y justas.
Por otra parte, la diputada Eunice Monzón García aseguró que el bienestar animal es una de las deudas históricas que como humanos se tiene con los animales; no obstante, a pesar de no contar el Congreso de la Unión con la facultad constitucional de legislar en la materia, “se ha buscado coordinar las acciones con los que sí la tienen para lograr ese objetivo”.
El dictamen canalizado al Senado de la República para sus efectos constitucionales.