Con una mayoría de ocho votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que es válido el decreto por el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que las Fuerzas Armadas participen en labores de seguridad pública.
Durante la sesión de este martes, los ministros establecieron que la Ley de la Guardia Nacional le permite al Poder Ejecutivo emitir esta orden, por lo que rechazaron que con esta se hayan invadido las funciones del Poder Legislativo.
Esto fue lo que dijeron los y las ministras que apoyaron el ‘decretazo’ de López Obrador:
Jorge Pardo Rebolledo
Durante su posicionamiento, el ministro explicó que el Alto Tribunal se debía enfocar únicamente a definir si el presidente había invadido las facultades del Congreso de la Unión o no.
“Aquí el análisis debe de ser sobre la base de si hay invasión de competencias de un órgano al otro. Yo no lo advierto”, señaló anunciando que votaría a favor de la validez del decreto.
Insistió en que el mandatario tenía permitido hacer uso de los órganos castrenses, por lo que rechazó que López Obrador haya incurrido en alguna falta.
“Es importante señalar que la base fundamental de la autorización es que el Ejecutivo federal puede hacer uso de las Fuerzas Armadas mientras se consolida la Guardia Nacional, que es un órgano previsto para hacer las veces de una policía civil”, sintetizó.
Norma Piña
En este sentido se posicionó la ministra, quien estuvo de acuerdo con la propuesta de aceptar la constitucionalidad del decreto, al señalar que el presidente no vulnera las facultades del Congreso, sino que estableció un tiempo para que las fuerzas castrenses estuvieran en las calles.
“El acuerdo impugnado no es un acto legislativo, sino una orden del Ejecutivo que tiene a la aplicación de la ley. En este caso, es la habilitación constitucional de usar las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública mientras se desarrolla la Guardia Nacional”, dijo.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena
Agregó que la Ley de la Guardia Nacional le dio esta facultad al Poder Ejecutivo, además de que el Poder Legislativo también pudo modificar la ley para que este decreto no haya surtido efecto.
“El artículo quinto transitorio incluye un control por parte del Poder Legislativo sobre el uso del Ejecutivo de esta facultad extraordinaria establecida en la constitución”, señaló.
Margarita Ríos Farjat
Señaló que al haber emitido el decreto para que las Fuerzas Armadas participaran en labores de seguridad pública, lo que se hizo fue establecer la manera en la que los órganos castrenses deben de actuar.
“Este instrumento normativo permite que las tareas desplegadas por los elementos castrenses en labores de seguridad pública se desarrollen en un estado de legalidad y no de hecho, lo cual constituye un avance en la intervención ordenada y efectiva de las Fuerzas armadas dentro de este ámbito, de acuerdo con lo previsto en la disposición constitucional transitoria a la que me he referido”, afirmó.
Javier Laynez
Señaló que el decreto cumple con los requisitos de obligar a las Fuerzas Armadas a sostenerse a un mecanismo de control, ser temporal y estar sometidos a instituciones civiles.
“Al girar estas instrucciones, que se precisan con claridad, me parece que es suficiente para sostener su constitucionalidad”, sostuvo.
Yasmín Esquivel
Aseguró que este cuerpo es necesario dado el complejo escenario de violencia que se vive en México, por lo que el decreto debe sostenerse.
“La ciudadanía demanda paz, tranquilidad, seguridad, justicia. Hoy analizamos este tema fundamental para la sociedad, la obligación primaria del Estado que es la de seguridad pública, creo que es uno de los principios fundamentales que debemos observar”, afirmó.
Loretta Ortiz
La ministra recordó que todas las fuerzas parlamentarias aprobaron la Ley de la Guardia Nacional, por lo que fueron todos los partidos los que otorgaron esta facultad al presidente López Obrador.
“Toda reforma constitucional se hizo con el acuerdo unánime de todas las fuerzas parlamentarias”, remarcó.
Arturo Zaldívar
El ministro presidente de la Corte rechazó que validar el decreto sea equivalente a validar la militarización de México, ya que son órganos civiles los que estarán al frente de la seguridad pública.
“Quiero insistir en que el hecho de que esta Suprema Corte valide la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, hasta en tanto otras instituciones de carácter civil, como la Guardia Nacional, concluyen su integración o adiestramiento, de ninguna manera significa que este Tribunal esté autorizando la militarización de la seguridad pública”, afirmó.