El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso ahora la desaparición del Consejo Nacional de ciencia y tecnología (Conacyt) y crear en su lugar el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (Conahcti).
En la argumentación de la propuesta se indica que el Conacyt creó fideicomisos millonarios y que, del 2001 al 2018, “bajo el supuesto fomento de la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación”, transfirió a empresas privadas más de 45 mil millones de pesos, que “en su mayoría, eran grandes empresas nacionales y transnacionales que no requerían el apoyo del Estado”.
También sostiene que “el Conacyt toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes, en particular de universidades e instituciones de educación superior del sector privado, poco o nada vinculados a la investigación humanística o científica, pero cuyo reconocimiento sirvió como señuelo de mercado para atraer clientes que, con el subsidio público que recibían, pagaban costosas cuotas por concepto de inscripción y colegiaturas”.
Por eso, el Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas que incluye una nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, para integrar el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que se integrará por el Conahcti, la Secretaría de Educación Pública, las universidades, instituciones de educación superior y todas las dependencias y organismos federales que fomenten la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Además, propuso reformas a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y a la Ley de Planeación, y se abrogan la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
La propuesta -recibida ya en la Cámara de Diputados- destaca principalmente la distribución del presupuesto del sector, y precisa que todos los recursos públicos que destine el gobierno federal para el fomento y apoyo de las actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación “se canalizarán, preferentemente, de manera directa a las personas becarias humanistas, científicas, tecnológicas e innovadoras a través de programas presupuestarios, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables”.
En este rubro, también ordena que las dependencias encargadas “se abstendrán de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de contratos que evadan lo previsto”.
La iniciativa presidencial -que ya fue turnada en San Lázaro a las comisiones de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación, para dictamen, y a las comisiones de Gobernación y de Presupuesto, para opinión- recuerda que a partir de las reformas constitucionales aprobadas en mayo de 2019, para reconocer a nivel constitucional el derecho humano a la ciencia, entendido como el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, se ordenó al Congreso de la Unión emitir una ley en esta materia.