Luego de su detención en diciembre de 2019 en Texas, Estados Unidos, Genaro García Luna, fue acusado en un principio por la justicia de Estados Unidos de haber recibido sobornos millonarios por parte del crimen organizado, específicamente, del narcotráfico.
Desde entonces, el gobierno estadounidense formuló y lo encontró culpable de un total de cinco cargos federales en contra de quien fuera secretario de Seguridad Pública de México durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, convirtiéndolo en el exservidor público mexicano de más alto rango en ser detenido y acusado en Estados Unidos.
Los cinco cargos contra García Luna se desglosan de la siguiente manera: tres cargos por conspiración de narcotráfico (cada uno se desglosa de la siguiente forma: un cargo por conspiración para la distribución internacional de cocaína, uno por conspiración para la distribución y posesión de cocaína, y otro por conspiración para importar cocaína), uno por participación continua a una organización criminal y uno por emitir declaraciones falsas a autoridades de Estados Unidos cuando solicitó la ciudadanía estadounidense en 2018.
¿Qué pena podría alcanzar Genaro García Luna?
Pese a que el expolicía se ha declarado inocente de todos los cargos por los que se le acusa, las autoriddes de Estados Unidos lo hallaron culpable de las 5 acusaciones contra García Luna.
Con base en los cargos federales contra el exservidor, se pueden concluir dos posibilidades. La primera es que, en Estados Unidos, la participación continua a una organización criminal, en caso de encontrarse culpable a quien es acusado del cargo, debe ser sujeto a una pena mínima obligatoria de 20 años de prisión.
Sobre los cargos de conspiración de narcotráfico, Estados Unidos tiene una legislación de una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión en caso de encontrar al acusado culpable del cargo. En este caso, García Luna tiene 3 cargos en este apéndice, por lo que, de ser declarado culpable en las tres acusaciones de tráfico de drogas, debería alcanzar mínimo 30 años de prisión.
En tanto a la acusación por emitir declaraciones falsas a autoridades estadounidenses, el país establece el perjurio a alguna figura autoridad como un delito federal penado, cuya pena por ser declarado culpable por el cargo, podría alcanzar un mínimo de 5 años de prisión.