Tras darse a conocer el veredicto que señaló a Genaro García Luna como culpable de cinco cargos, el senador estadounidense Chuck Grassley pidió el pasado 22 de febrero a la Administración de Control de Drogas (DEA) y al Buró Federal de Investigaciones (FBI) que entreguen toda la información que poseen del exfuncionario dado que colaboraron juntos en el periodo en el que ayudó a movilizar más de 46 toneladas de cocaína a Estados Unidos.
En la carta dirigida a los directivos de ambas agencias, Grassley solicitó grabaciones fechadas; el contenido del celular y laptop del exfuncionario que fueron confiscados tras su arresto en 2019; reportes, notas y otros documentos sobre su actividad criminal así como una detallada explicación de lo que sabían sobre las actividades corruptas de García Luna con el nombre de los agentes que compartieron información y sus respectivas fechas. El límite de entrega vence el próximo 22 de marzo.
La medida, aunque no muy conocida, ha despertado dudas sobre lo que podría pasar con las agencias y los agentes estadounidenses tras proporcionar esta delicada información, ¿para qué podría servir ahora que García Luna ya fue declarado culpable? ¿habrá castigos para los responsables? ¿qué políticas implementará Estados Unidos ante los hechos?
Audiencia de la DEA y el FBI por caso Genaro García Luna
Una de las posibles consecuencias de la solicitud de Grassley podría ser la organización de una audiencia contra ambas agencias, señala Jesús García, periodista de La Opinión y corresponsal en el juicio que se llevó a cabo en Brooklyn.
“Según los procesos estadounidenses en el Congreso, revisan toda la información, generan un reporte del Congreso especializado con todos los detalles y después de eso se puede generar una audiencia, entonces llaman a la DEA y al FBI para decir por qué no hicieron lo que tenían que haber hecho”, explicó en entrevista para El Financiero.
Aunque es probable que el mayor castigo que se pueda obtener de esta audiencia sea apenas un regaño, una sanción administrativa o la inhabilitación de los agentes que resulten involucrados, García señala que se debe poner especial atención en los documentos que recibe en Congreso de EU, pues existe la probabilidad de que sean abiertos al público además de que podrían ayudar a extender la investigación sobre el enriquecimiento ilícito de García Luna después del 2012.
Cabe recordar que el juez Brian Cogan limitó los cuestionamientos durante el juicio a hechos que ocurrieron antes de ese año ya que la investigación que llevaron a cabo los fiscales y que fundamentó las acusaciones en contra del exfuncionario se enmarca del 2001 al final del sexenio de Felipe Calderón.
“Lo que pide este congresista podría ayudar a destrabar esa parte porque el FBI y la DEA tienen investigación hasta 2018 es decir qué pasó después y cómo siguió operando”, precisó.
Políticas contra el narco tras el juicio a García Luna
Otro de los resultados que podría llegar a tener la entrega de documentos es la recomendación de nuevas políticas para combatir el crimen organizado que deriven en incursiones militares en México bajo el argumento de salvaguardar la seguridad nacional de Estados Unidos.
Esta medida, según indicó García, podría obtener apoyo de congresistas de ambas facciones en la antesala de las elecciones presidenciales de 2024 y en medio del incremento del tráfico de fentanilo, el opioide que provoca la muerte de al menos 70 mil ciudadanos estadounidenses al año.
“Este es un tema que ha estado creciendo y preocupando mucho a los Estados Unidos así es que otros congresistas más moderados pues podrían incluso sumarse en algún momento sobre nuevas formas de luchar contra el crimen organizado”, remarcó.