Janine Otálora Malassism, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propondrá la restitución de Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral (INE).
La funcionaria de la Sala Superior del TEPJF considera que el cese de dicho funcionario, a partir de la entrada en vigor del ‘plan B’ de la Reforma Electoral, es inconstitucional y atenta contra la autonomía del INE.
Por ello, la magistrada pidió inaplicar el artículo Décimo Séptimo transitorio del decreto publicado el 2 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia electoral.
Dicho artículo advierte que “dada la modificación de las facultades de Secretaría Ejecutiva, con la entrada en vigor del presente Decreto, la persona titular de dicho cargo cesará en sus funciones a partir de su publicación”.
Para la magistrada, el Congreso de la Unión no puede determinar en una ley transitoria, el cese de funciones de la Secretaría Ejecutiva del INE, ni establecer parámetros a dicha autoridad administrativa para una nueva designación.
“La Constitución establece, de manera expresa, que la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del INE será nombrada con el voto de las dos terceras partes del Consejo General a propuesta de su presidencia”, ataja.
En proyecto de la magistrada advierte que la decisión es aplicable única y exclusivamente para Edmundo Jacobo Molina.
Cabe recordar que hasta ahora el TEPJF ha recibido dos recursos de impugnación contra el cese de funciones de Edmundo Jacobo Molina, uno promovido por el propio INE y otro por el interesado.
En su escrito de demanda, el INE dijo que la reforma viola su autonomía constitucional e invade las atribuciones del Consejo General para nombrar al titular de la Secretaría Ejecutiva.
Edmundo Jacobo Molina acusó la violación de su derecho político-electoral de ser parte del INE, asimismo, señaló que el citado artículo transitorio viola en su agravio el principio de igualdad.
Ambas fueron turnadas a la magistratura de Janine Otálora Malassis. Hasta ahora, ninguno de los dos casos está listado para resolverse en la sesión pública del miércoles, pero ello podría ocurrir hasta antes del inicio de la sesión.
El ‘plan B’ de la reforma electoral modifica diversos artículos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y se expide la Ley de Medios de Impugnación Electoral.
147 trabajadores del INE promueven juicio de amparo contra el ‘plan B’
Un grupo de 147 empleadas y empleados del INE promovieron este lunes un juicio de amparo contra el posible despido o reducción de salario y prestaciones, con motivo de la entrada en vigor del ‘plan B’ de la Reforma Electoral, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador
En su escrito de demanda los empleados del INE, que van desde directores generales hasta personal operativo, pidieron la suspensión de la aplicación de dicha reforma legal al considerarla inconstitucional y violatoria de los derechos humanos y laborales de los trabajadores.
Los quejosos son representados por Rodolfo Martínez, titular de la firma Trusan & Roma Abogados, quien dijo a El Financiero que podría ser a mediados de semana cuando el o la Juez que conozcan del caso determine si concede o no la suspensión del acto reclamado.
Se trata del primer amparo a nivel nacional promovido por empleados del INE contra la entrada la Reforma Electoral, vigente desde el 2 de marzo pasado, luego de que se aprobó en el 6 de diciembre por la Cámara de Diputados y 22 de febrero por el Senado de la Republica.
“La razón del amparo es para buscar que la justicia federal suspenda la aplicación de la norma a quienes han firmado esta demanda de amparo, toda vez que establece una serie de condiciones que favorece su despido y el retiro de prestaciones”, dijo el litigante.
Explicó a este medio de comunicación que en la Ley se prevé un programa de compactación de la estructura del servicio profesional electoral y de las áreas administrativas, lo cual se busca evitar. “Es en síntesis, el amparo es para que no los corran y no les quiten prestaciones como el seguro de gastos médicos mayores”, agregó.
Señaló que el hecho de que no se haya consumado el despido de los quejosos, no es impedimento para la promoción de este tipo de recursos legales, ya que se trata de una “norma auto aplicativa” porque ya se está disponiendo actos concretos para lograr una nueva estructura administrativa.
“Quien es empleado el INE ya está bajo la aplicación directa, por la simple publicación de la norma, de formar parte de esa restructura y consecuentemente el INE prescinda de sus servicios”, agregó.
Destacó que en caso de que las personas sean despedidas se corre el riesgo de que no reciban una indemnización prevista en la ley, ya que en el INE no ha una fuente fiable de financiamiento para tal fin.
El abogado Rodolfo Martínez, aseguró que se espera que en los próximos días grupos de empleados promuevan nuevos juicios de amparo.
Recordó que, una estimación del consejero Ciro Murayama es de que 7 mil empelados del INE serán despedidos. “Lo que no dijo el Consejero es que los que se queden verán reducido su ingreso y prestaciones”.