Los consumidores mexicanos podrían pagar, en conjunto, hasta 5 mil 600 millones de pesos anuales más debido a que el Senado busca aprobar las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor.
De acuerdo con el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), la reforma busca que los fabricantes o importadores de celulares, consolas de videojuegos, laptops, tablets y otros dispositivos electrónicos paguen una “remuneración compensatoria” debido a que estos equipos permiten ver contenidos como películas o música sin pagar derechos de autor.
“La reforma establece mecanismos para que los fabricantes o importadores “paguen” una cuota, cuyo monto variará según el tipo de dispositivo, partiendo de la suposición de que todos los que en algún momento hemos comprado o compraremos un aparato o dispositivo con esas características los utilizaremos para hacer copias pirata de las obras de dichos autores”, señaló el IDET.
Si bien los senadores pretenden que los fabricantes o importadores de dichos dispositivos sean los que absorban los costos de la llamada “remuneración compensatoria”, el IDET afirma que no serán ellos quienes absorban dicho pago, sino que los precios terminarán por trasladarse a los consumidores finales.
“Los consumidores en México tendrán que pagar, en su conjunto, entre 3 mil 800 y 5 mil 600 millones de pesos anuales más por el sobreprecio que generará el canon por la adquisición de smartphones.
“Mientras que las pérdidas en el bienestar del consumidor ascenderán a un rango de entre 48 y 109 millones de pesos, al no obtener los beneficios de los equipos que se generarían por su tenencia”, añadió el organismo.
Iniciativa pone en peligro conectividad universal
Para la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU), esta propuesta tiene un efecto regresivo que pone en riesgo la conectividad universal de los mexicanos debido a que será inevitable el aumento en el precio de los dispositivos electrónicos.
“Dicha propuesta tiene un efecto claramente regresivo, pues afectaría más a la población con menores ingresos del país, cuando por el contrario el gobierno debería estar impulsando la adopción de estos dispositivos tecnológicos y la consecuente reducción de la brecha digital en el país”, detalló la consultora.
Aunado a esto, la iniciativa podría generar pérdidas para los operadores móviles, quienes debido a la crisis económica y alta inflación que se vive a nivel global, han reportado una caída en los ingresos por venta de equipos durante los últimos trimestres.
“Esta propuesta debe desecharse nuevamente, pues por tercer año consecutivo seguimos discutiendo un argumento que va en contra de los preceptos por los que el gobierno debería estar impulsando como la conectividad universal y la disponibilidad de mejores dispositivos para la población económicamente más vulnerable”, afirmó The CIU.