El Órgano Interno de Control (OIC) del INE detectó y observó diversas irregularidades en la contratación de diversos de sus servicios, con daños al Instituto superiores a los 400 millones de pesos durante el 2022.
En su Informe Anual de Gestión y Resultados del Instituto Nacional Electoral en 2022, que entregó a la Cámara de Diputados, el OIC informó al pleno de los 500 legisladores que en los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y de Bienes Muebles, se hicieron observaciones por 417 millones 634 mil 304 pesos, que representan el 21 por ciento del total de los 2 mil 002 millones 206 mil 809 pesos adjudicados en el ejercicio 2022.
Sobre las observaciones y recomendaciones no atendidas, “el OIC ha iniciado las investigaciones correspondientes para determinar la existencia de faltas administrativas y, eventualmente, el inicio de responsabilidades administrativas por tales hechos”, indica.
También reportó al Poder Legislativo ilegalidades en la contratación del “Servicio de suministro de combustibles a través de tarjetas electrónicas para el parque vehicular propio y arrendado de Órganos Centrales”, por 9 millones 62 mil 969 mil pesos, por haberse hecho un trato por adjudicación directa y no por licitación.
Lo anterior “obligó a este órgano fiscalizador a integrar una denuncia en materia de responsabilidades administrativas y adoptar como medida cautelar la separación temporal del cargo al titular de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, con la finalidad de evitar que pudiera seguir afectando el ejercicio de los recursos públicos autorizados al Instituto”.
Expone que en materia de adquisiciones -para el servicio de urnas, transporte de documentación y materiales para la revocación de mandato, listas nominales de electores, pasajes aéreos, mantenimiento del parque vehicular, entre muchos otros- se reportan “107 procedimiento de contratación, de los cuales 80 fueron adjudicados, 20 declarados desiertos, cuatro declarados desiertos parcialmente, uno no se publicó la convocatoria aprobada, y en dos se realizó la intervención de oficio.
Detalla que aunque para las 80 adjudicaciones directas se tenían disponibles sólo 531 millones 653 mil 786 millones de pesos, el costo se elevó a 680 millones, 650 mil 667, es decir un costo adicional de 148 millones 996 mil 881, recursos que el INE tuvo que solicitar adicionalmente en el Presupuesto, por lo que la OIC sólo observó al Instituto que debe “elaborar el anteproyecto de presupuesto con mayor rigor, que impida solicitar recursos mayores a los efectivamente requeridos”.
Destaca el Informe que “del 2014 al 2022, el Presupuesto para el capítulo 1000 de “Servicios Personales” -sueldos y prestaciones del personal del INE- se incrementó de 7,736 millones a 9,391 millones de pesos”.