Por acuerdo de todos los grupos parlamentarios, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acató finalmente la orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y determinó elegir a una mujer como nueva presidenta del Consejo General del INE, en relevo de Lorenzo Córdova Vianello.
Por esa razón, los siete partidos políticos representados en el Palacio Legislativo de San Lázaro acordaron solicitar al Comité Técnico de Evaluación que, “en el momento oportuno, en la fecha que prevé la convocatoria pública aprobada por el pleno, haga llegar a la Junta de Coordinación Política una lista de cinco personas aspirantes propuestas para ocupar la presidencia del Instituto Nacional Electoral, exclusivamente con personas aspirantes del género femenino”.
Luego de un largo encuentro privado en San Lázaro con cinco de los siete magistrados, los coordinadores expusieron en un pronunciamiento público que “esta decisión trascendental de las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados permitirá que en la próxima conformación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral haya paridad y sea una mujer quien encabece dicho órgano constitucional autónomo”.
Expusieron que las “divergencias” de los diputados con los magistrados “no es impedimento para que la Junta de Coordinación Política refrende que el diálogo y la colaboración entre instituciones del Estado mexicano es sustantivo para asegurar la eficacia de los principios fundamentales que rigen la vida pública, en este caso afianzar los avances de las garantías de legalidad y certeza en los procesos electorales”.
“Además, este intercambio supone un punto de partida para que en el proceso electoral en puerta y en los sucesivos, se puedan tener reglas precisas que brinden certeza y seguridad jurídicas a las autoridades electorales y a quienes participan activamente en todas las formas y mecanismos de democracia en nuestro país”, añade el comunicado.
Precisó que “también queremos señalar que para mirar al futuro y asegurar el ejercicio de los derechos de las mujeres a participar integralmente en la vida pública nacional, las coordinaciones de los grupos parlamentarios refrendamos que todas las instituciones del Estado Mexicano están obligadas a cumplir con sus deberes en materia de paridad de género y a tomar acciones para eliminar todas las formas y obstáculos que han impedido a las mujeres ejercer los cargos públicos que en derecho les corresponden”.
Recordó que “la Junta de Coordinación Política ha expresado algunas diferencias, normales en un régimen democrático, con los razonamientos y el sentido de las sentencias del Tribunal, mismas que derivan de la división de poderes que otorga competencias al Congreso de la Unión para legislar y crear derecho, mientras que al Tribunal le corresponde aplicarlo al caso concreto y en su caso, interpretarlo”.
Sin que los magistrados hicieran comentarios de la reunión, los diputados indicaron también que “por primera vez, en el marco de un diálogo republicano y democrático, este órgano de gobierno legislativo intercambia puntos de vista y analiza el marco jurídico que regula las atribuciones constitucionales y legales del Tribunal, así como las particularidades y evolución de los criterios jurisprudenciales en materia electoral, en especial de los últimos 12 meses”.
Las tres principales diferencias políticas y legales entre estos dos órganos autónomos se registraron por las modificaciones de última hora al proceso de la convocatoria para la elección a los cuatro nuevos consejeros del INE, que se debía separar el proceso para elegir al presidente, que debía haber una quinteta sólo de mujeres para elegir al nuevo presidente del INE, para garantizar que sea una mujer, y en la integración de los miembros de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en los dos últimos recesos legislativos, debido a que los partidos han dejado fuera a MC.