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AMLO se va a enojar... Laynez admite acciones de inconstitucionalidad vs. plan B

El ministro, que ha sido criticado por el presidente López Obrador, admitió las acciones promovidas por el PRD y Movimiento Ciudadano.

Laynez argumentó que suspendió la aplicación del 'Plan B' debido a que ponía en riesgo el funcionamiento del INE. (Cuartoscuro)

El ministro Javier Laynez admitió a trámite las acciones de inconstitucionalidad promovidas por Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en contra de los cambios hechos en en materia electoral publicados a principios de marzo.

Los partidos reclamaron las reformas aprobadas a la:

  • Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
  • Ley General de Partidos Políticos
  • Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación
  • Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral

Lo que el ministro Laynez negó fue otorgar una suspensión, al señalar que ya había otorgado este freno judicial por la controversia constitucional presentada por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Estas son las primeras acciones de inconstitucionalidad que admite a trámite el ministro para las normas aprobadas en la segunda parte del Plan B electoral.


AMLO vs. Laynez

Desde que Laynez otorgó una suspensión provisional contra el llamado ‘Plan B’ de reforma electoral, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha utilizado sus ‘mañaneras’ para criticar al ministro.

López Obrador dijo que Laynez es como “su Alteza Serenísima”, pues ocupa un cargo para el que ni siquiera fue electo por el pueblo.

El presidente consideró que es algo inédito lo que ocurrió con este ministro debido a que el ‘Plan B’ ya lo habían revisado senadores y diputados, pero ahora el ministro lo rechazó.

“Nosotros vamos a seguir adelante: si cancelan en definitiva el ‘Plan B’, vamos con el ‘plan C’, que es convocar al pueblo a continuar con la transformación”, recalcó este martes.


Sobre la suspensión, el ministro Laynez argumentó que sin ella el funcionamiento del INE quedaba en peligro.

“El sistema democrático nacional tiene como garantía orgánica la adecuada capacidad operativa del INE. El decreto reclamado produce una modificación sustancial en la organización, estructura y funcionamiento del propio órgano, al grado que es posible que se pueda comprometer su regular funcionamiento en los términos que venía operando”, explicó.

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