El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador propuso un nuevo ajuste y recortes a las estructuras de la administración pública federal, que incluye la eliminación o fusión de 18 organismos administrativos.
Entre ellos, desaparece y elimina el Fidecomiso de Fomento Minero, creado en 1990 como un organismo sectorizado a la Secretaría de Economía y dedicado a “promover el desarrollo de la minería nacional, mediante el otorgamiento de servicios de financiamiento, capacitación, y asistencia técnica para crear, fortalecer y consolidar proyectos y operaciones mineras en el país”.
La iniciativa del jefe del Ejecutivo precisa que “se elimina su participación en el Servicio Geológico Mexicano”. En su propuesta de reformas a diversos ordenamientos “en materia de simplificación orgánica” enviada a la Cámara de Diputados, también elimina la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, que es hasta hoy un organismo “descentralizado no sectorizado”.
La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía deja de ser un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía (Sener) y queda sólo como una Unidad Administrativa de la misma dependencia. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua desaparece como desconcentrado de la Semarnat y pasa ser una Unidad de la Conagua.
La Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados deja de ser también órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y queda sólo como Unidad Administrativa de la misma Segob.
El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores desaparece como órgano desconcentrado de la Secretaría de Bienestar y será una Unidad Administrativa de la misma dependencia. El Instituto Mexicano de la Juventud, órgano descentralizado de Bienestar, pasa a ser una Unidad en la Secretaría del Trabajo.
La Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes desaparece como desconcentrado de la Segob y se convierte en una Unidad del DIF.
El Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas desaparece como órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y pasa a ser una Unidad de la dependencia.
Además, el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura desaparecer como desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y se integra a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, entre otros organismos del campo, indígenas, discapacitados, cambio climático, economía social y de salud a la infancia y la adolescencia.
El Ejecutivo argumenta que es necesario “racionalizar la estructura orgánica de la administración pública federal, para eficientar los recursos públicos”, ya que “la expansión del aparato burocrático es un reflejo de las prácticas institucionalizadas de clientelismo y corrupción”, así como para “garantizar intereses privados de diversa índole en su beneficio”.
El presidente envió también a diputados otra iniciativa de reformas a la Ley Federal de Derechos y a la Ley General de Turismo.