Inegi ya no publicará datos educativos: ¿Por qué para la SEP no es de interés nacional?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), pilar en la divulgación sobre la economía y otros rubros de la actividad nacional, dejará de publicar información educativa por solicitud de la propia Secretaría de Educación Pública (SEP).

Los datos que ya no serán catalogados como Información de Interés Nacional son los referentes al Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), que incluye temas como nóminas magisteriales, resultados de evaluaciones y características de la infraestructura educativa.

La razón por la que el INEGI revocó, el pasado 10 de abril en el Diario Oficial de la Federación, la divulgación de estos datos fue porque la SEP no cumplió con uno de los cuatro criterios para que sea catalogada como Información de Interés Nacional.

¿Cuáles criterios sí tiene la SEP?

Los criterios con los que sí cumplió fueron: Abordar temas, grupos de datos o indicadores de diversos temas, entre ellos educación; ser necesaria para el diseño y evaluación de políticas públicas nacionales, y estar elaborada con una metodología científica.

El criterio con el que la SEP no cumplió fue en el que la información generada tiene que ser de manera regular y periódica.

“Estos cambios en el marco institucional de la educación en México han amenazado y vulnerado la generación periódica de información que es necesaria para la mejora educativa, y sin la cual no se pueden diseñar políticas basadas en evidencia”, añadió el IMCO.

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Pero no es algo nuevo, señala el IMCO, pues ha habido modificaciones del gobierno federal que complican la recolección y divulgación de datos como la eliminación del Instituto Nacional de Evaluaciones Educativas (INEE) y el servicio profesional docente o la suspensión del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (pruebas Planea).

Las implicaciones sobre esta revocación es que se pone en riesgo la calidad de la información educativa de México; la información educativa dejará de ser de uso obligatorio para todas las instancias gubernamentales, y podría limitar el derecho al acceso y transparencia de la información pública, según el IMCO.