El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por declarar inconstitucional el decreto por el que la Guardia Nacional (GN) se incorporó administrativa y operativamente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
“Ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de tres, actuaron de manera facciosa y no con criterio jurídico sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto” acusó.
El mandatario recordó que el modelo de seguridad que mantuvo la Corte sirvió en su momento para que la Policía Federal, a cargo del exsecretario Genaro García Luna, estableciera relaciones de complicidad con la delincuencia organizada y la “delincuencia de cuello blanco”.
“Los ministros de la Corte están al servicio de las cúpulas de poder y no de la mayoría del pueblo de México”, insistió.
Tras la decisión de la Suprema Corte, López Obrador ordenó a la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC), Rosa Icela Rodríguez, mantener al general retirado David Córdoba Campos como comandante de la Guardia Nacional e iniciar un recorrido por todas las instalaciones y cuarteles de la corporación para informar a los 130 mil elementos que mantendrán sus salarios, prestaciones y ascensos, al igual que los integrantes de las fuerzas armadas.
El revés de la Suprema Corte a la Guardia Nacional
El miércoles, la Suprema Corte declaró inconstitucional el decreto por el que la Guardia Nacional se incorporaría administrativa y operativamente en la Sedena.
El ministro Javier Laynez consideró que dar el control operativo de la Guardia a Sedena significaría un “fraude a la Constitución”. Y la ministra Margarita Ríos Farjat señaló que el decreto dejaba en entredicho el carácter civil de la Guardia, si se incorporaba al Ejército.
En cambio, el ministro Arturo Zaldívar insistió nuevamente en que la adcripción de la Guardia Nacional a la Sedena no significaba una violación a la Constitución y que no era militarización.
Las y los ministros también declararon inconstitucional que el Comandante General de la Guardia Nacional sea propuesto por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, ya que esto pone en tela de juicio el carácter civil de la Guardia Nacional.