De acuerdo con especialistas en derecho universitario, la UNAM podría violar principios constitucionales si se intenta aplicar retroactivamente una norma que apenas fue autorizada en el caso de la ministra Yasmín Esquivel.
La polémica comenzó desde diciembre de 2022, cuando la ministra presentó elementos para defender la originalidad de su tesis de licenciatura.
Aunque se ha presentado una declaración favorable de la profesora que dirigió su trabajo de investigación, así como la confesión vertida por un exalumno involucrado, el asunto sigue en discusión.
En la actualidad, de acuerdo con expertos, no hay claridad de qué procedimiento se va a seguir.
Con la recomendación de las instancias jurídicas de la UNAM, el rector Enrique Graue envió a la SEP el asunto por ser la Universidad incompetente para invalidar un título. La SEP respondió que tampoco tiene facultad para hacerlo.
Pero el asunto sigue en la incertidumbre.
Ante la inexistencia de las normas, el 13 de abril de 2023 se aprobaron reformas para establecer un procedimiento para la anulación de un título, pero es principio del derecho que la norma no se puede aplicar retroactivamente.
Algunos expertos señalan que el caso, más allá de que se trate de la ministra Yasmin Esquivel, es un proceso en el que no se sabe con base en qué leyes se juzgará, ni con qué fines, ni qué posible consecuencia le traerá; con la agravante de que la autoridad primero había declarado ante los medios de comunicación y enviado un escrito a la SEP, sosteniendo que no había ley aplicable en su contra, para después desdecirse de lo afirmado.
Esta confusión se ha expresado también en resoluciones contradictorias en diversos tribunales.
La orden de suspender el procedimiento fue confirmada por tres magistrados de un tribunal colegiado, quienes determinaron por unanimidad que lo que procedía era evitar el dictado de la resolución del Comité de Ética de la UNAM, porque con ello se consumaría una afectación al derecho al honor y los derechos de legalidad de la quejosa, de imposible reparación.
Posteriormente, otro tribunal de la misma jerarquía dijo lo contrario y desechó el amparo al sostener que primero debe dictarse la resolución y luego ampararse para ver si le aplicaron las reglas correctas.
Especialistas en materia jurídica señalan que más allá del caso específico de Yasmin Esquivel, se está presentando una situación de incertidumbre jurídica que será negativa para el Estado de derecho en el país y para el prestigio de la propia Universidad Nacional.