El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) no escapa a los malos servidores públicos y, de acuerdo con su Órgano Interno de Control (OIC), cerró el año 2022 con 17 mil 947 denuncias en contra de sus funcionarios.
Las numerosas irregularidades reportadas van desde el incumplimiento de sus declaraciones patrimoniales, desvío de recursos y se denuncia hasta acoso sexual, nepotismo, tráfico de influencias, uso indebido de la información del instituto, la difusión de informes falsos, entre otras faltas.
El OIC del Inegi expone en su Informe 2022 entregado a la Cámara de Diputados que en 14 mil 139 casos hubo “presunta responsabilidad administrativa”, aunque en sanciones sólo reporta 23 amonestaciones públicas, siete suspensiones, 125 inhabilitaciones, seis multas y un reintegro de recursos.
Precisa que en el periodo de enero a diciembre del 2022 “en el OIC se recibieron y tramitaron 16 mil 876 denuncias que, sumadas a mil 071 que se encontraban pendientes a diciembre de 2021, arroja un total de 17 mil 947 asuntos, de los cuales 15 mil 303 se resolvieron conforme a lo siguiente: en mil 074 se emitió acuerdo de conclusión por falta de elementos; 59 resultaron improcedentes; nueve se concluyeron con acuerdo de incompetencia; en 14 mil 139 asuntos se emitió Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa y 22 se acumularon a otros expedientes”.
Indica que “al cierre del año quedaron 2 mil 644 asuntos por resolver. Hay que destacar que, más del 90 por ciento de las denuncias recibidas, corresponde a personal eventual por incumplimiento a la declaración de situación patrimonial y de intereses, correspondientes a diferentes ejercicios de levantamiento de información (censos y encuestas)”.
De los hechos denunciados se identificaron las siguientes presuntas faltas administrativas:
- Incumplimiento declaración patrimonial, 16 mil 526
- Faltas de disciplina y respeto, 93
- Daños artículo 50, 45
- Peculado, 44
- Abuso de funciones, 36
- No rendir cuentas, 20
- Uso indebido de información, 19
- Discriminación, 18
- Acoso laboral, 17
- Desvío de recursos públicos, 16
- Faltas no administrativas, 13
- Nepotismo, 10
- Acoso sexual, 7
- Hostigamiento sexual, 6
- Asuntos laborales, 5
- Otros (tráfico de influencias, descuidar información, uso indebido de recursos, desacato, utilizar información falsa, entre otros), 9
“De 144 asuntos que concluyeron con sanción, éstas consistieron en: 23 amonestaciones públicas, siete suspensiones, 125 inhabilitaciones, seis multas y un reintegro de recursos. Es oportuno señalar que en algunos procedimientos se impuso más de alguna sanción. Al cierre del año 2022 se tuvieron 432 expedientes en trámite para su resolución, de los cuales cinco son en materia de sanción a licitantes, proveedores y contratistas”, detalla.
Destaca también que al cierre del año 2022, el Área de Responsabilidades recibió 14 mil 162 asuntos “relacionados con procedimientos de responsabilidades administrativas y sanción a licitantes, proveedores y contratistas que, sumados a los 59 asuntos pendientes de resolución del año 2021, dan un total de 14 mil 221 expedientes”.
“En etapa de substanciación se resolvieron 13 mil 789 asuntos, de los cuales en 144 se impuso sanción administrativa y 13 mil 645 concluyeron sin sanción.
“De estos procedimientos concluidos sin sanción, fueron culminados de la siguiente forma: 13,370 se concluyeron con acuerdo de no iniciar procedimiento de responsabilidades en términos del artículo 101 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; cuatro con acuerdo de sobreseimiento; 76 bajo el principio de costo-beneficio; tres se absolvieron; 181 se remitieron al Tribunal de Justicia Administrativa para su substanciación y resolución; y 11 con acuerdos de improcedencia”, señala.