La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) ha presentado un recurso de reclamación contra la admisión de al menos 106 impugnaciones presentadas en contra de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El análisis de estos reclamos presentados en contra de la conocida como la primera parte del ‘Plan B’ electoral deberán ser analizados por el ministro Luis María Aguilar.
De acuerdo con los estrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el último paquete de reclamos es en contra de las controversias constitucionales presentadas por el Estado de México, Jalisco, Hidalgo, Guanajuato, Michoacán, Morelos y Baja California,
Así como Nuevo León, Aguascalientes, Chihuahua, Colima, Quintana Roo, así como alcaldías de la Ciudad de México.
El proyecto para analizar la legalidad del Plan B electoral será discutido en la SCJN este lunes. En este, el ministro Alberto Pérez Dayán propuso rechazar la validez de las normas, al considerar que existieron claras violaciones al proceso legislativo.
En caso de que al menos ocho de los 11 ministros acompañen esta decisión, los reclamos en contra de la admisión de las controversias presentadas quedarán sin efecto, toda vez que el asunto ya habrá quedado resuelto.
Sin embargo, en caso de que el proyecto sea desechado, entonces el ministro Aguilar Morales deberá decidir sobre la validez de la admisión.
Además de la admisión de las controversias, Pérez Dayán también otorgó una suspensión para que no sea aplicada en los procesos electorales en ambos estados.
Sin embargo, los reclamos en contra de este freno judicial ya fueron desechados por los ministros que conforman la Segunda Sala.
Trabajadores del INE seguirán en su cargo, ordena juez
El titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una nueva suspensión contra la aplicación del Plan B de la reforma electoral.
El pasado 3 de abril, el juzgador concedió este freno judicial para que Raquel Mondragón Correa, funcionaria del Instituto Nacional Electoral (INE), pueda mantener su trabajo en la institución.
Esta suspensión se mantendrá mientras el juez resuelve de manera definitiva el amparo 554/2023, tramitado por la trabajadora del INE en contra de los cambios hechos en materia judicial.
Esta suspensión se dio al mismo tiempo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite el recurso de reclamación presentado por el Senado de la República en contra de la suspensión que otorgó el ministro Javier Laynez en contra del Plan B de la reforma electoral.