Con las nuevas políticas de “austeridad republicana y franciscana”, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que en los primeros cuatro años de este gobierno se redujo su “gasto operativo” en 62 por ciento y que alcanzó una eficiencia del 97 por ciento en el combate a la impunidad, inseguridad, injusticia y corrupción.
En su último Informe Anual de Actividades del Fiscal General de la República 2022, entregado al Congreso de la Unión, expuso que “se continuó con la ejecución de mejoras administrativas apegadas a las políticas de austeridad adoptadas por el Estado Mexicano, destacando que en 2018 el presupuesto ejercido por la administración anterior en la operación sustantiva fue de mil 579.29 millones de pesos. En 2022, se ejercieron 596.49 millones; ello, representa una disminución del 62.2 por ciento”.
La dependencia informó que el logro fue resultado de la implementación de estrictos controles y auditorías sobre los gastos relacionados con Seguridad Pública y Nacional. El año pasado, para este tipo de gastos, únicamente se ejercieron 290.90 millones de pesos.
La Fiscalía dijo que con menos recursos “es factible eficientar la atención a las personas usuarias, reducir la incidencia delictiva y mejorar la calidad del trabajo de la Fiscalía General de la República”.
Durante el año pasado, la FGR obtuvo 8 mil 732 sentencias condenatorias, lo que representa una eficacia del 97.49 por ciento. Dijo que se redujo en 97.18 el “injustificado rezago en la integración de averiguaciones previas y carpetas de investigación” que fue encontrado al inicio de la administración.
También cayerón en 98.29 por ciento las actas circunstanciadas y números de atención no elevados a averiguaciones previas o a carpetas de investigación a comparación de las encontradas el 1 de diciembre de 2018.
“Al 31 de diciembre de 2022, solamente mil 974 (51.03 por ciento) de 3 mil 868 expedientes se mantuvieron clasificados en archivo temporal y/o en reserva”, dijo la dependencia, quien además aseguró que “del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 se presentaron 158 peticiones de extradición, de las cuales 117 se formularon por otros países a México y 41 fueron presentadas por México a otros países. En el mismo período, la FGR entregó a 89 personas buscadas por otros países y México recibió a 13 sustraídas de la acción de la justicia”.
No obstante, el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), en su último informe, llamado ‘Cuatro años perdidos en materia de seguridad’, concluye que “la austeridad y el cambio de paradigma de seguridad pregonado por el actual gobierno fallaron, no se ven materializados en el gasto público en seguridad. El presupuesto ejercido sigue concentrándose en el combate al crimen y en menor medida a prevenir el delito y a procurar e impartir justicia”, agrega.
Anota que en 2018, de cada 100 pesos, se dedicaban 4.2 a seguridad, y hoy se dedican 3.2 pesos, además de que se dispararon delitos como el narcomenudeo, la extorsión, trata de personas, homicidio doloso, feminicidio, entre muchos otros.
Pero no hay dinero para atender desapariciones
Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y Felipe de Jesús Gallo, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR), acusaron a mitad de marzo que faltan recursos para combatir este fenómeno en el país.
Durante la inauguración del sexto Simposio de Ciencias Forenses, Quintana sostuvo que estas carencias se hacen evidentes al hablar con las autoridades locales.
“Lo que recibimos de los fiscales, peritos, comisiones de búsqueda, es que les falta personal y presupuesto, pero no voluntad y compromiso”, aseveró la comisionada.
“Este es un asunto de Estado. No le compete a una fiscalía, a una comisión, a un gobierno estatal o una institución, nos compete a todos nosotros como un asunto de Estado la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación”, sostuvo.