Diego Valadés, profesor emérito de la UNAM, aseguró que la batalla en 2024 debe ser por el Congreso de la Unión, como uno de los pilares del equilibrio democrático en el país.
Señaló que de la composición del Congreso depende una serie de sucesos por venir, y uno de ellos es la configuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En entrevista con La Silla Roja, que conducen los periodistas Enrique Quintana, Leonardo Kourchenko y Víctor Piz, el jurista consideró que el presidente Andrés Manuel López Obrador “creyó que con el solo hecho de haber nombrado ministros, iba a tener en el alto tribunal servidores subsecuentes, lo cual, por fortuna, no ha ocurrido y es muy gratificante que la Corte ha tomado una posición de entereza”.
No obstante, advirtió que hay un peligro para la SCJN: “El problema es que cuando se convierte a los tribunales constitucionales en la última instancia de control para los desbordamientos de la política, el riesgo es que, en tanto se judicializa la política, se politiza la justicia”.
Indicó que con ello se corre el peligro de que lleguen a la Corte personalidades que no tienen ni capacidad profesional ni idoneidad ética y se dé una colonización de la SCJN.
Valadés alertó que las presiones a la SCJN vienen desde la Presidente y de un sector de la sociedad que, “de manera irresponsable, se está lanzando en contra de la Corte y exponiendo al país a la tragedia”.
Indicó que también tiene la presión de la opinión pública, porque un buen sector de ésta espera que sea la Corte la que actúe como un contrapeso, función que no tiene.
“La función de la Suprema Corte no es ser un contrapeso político, la Corte tiene que ceñirse a la aplicación de la norma, particularmente de la Constitución. La Corte no puede tener contrastes políticos, es un equilibrio constitucional, un equilibro institucional, pero no tiene postura política”.
El especialista recordó que el mismo sistema constitucional de México da a los presidentes, desde 1917, una fuerza aplastante.
En el caso de López Obrador, tiene además una legitimidad dada por 53 por ciento de los electores.
Dijo que, a cuatro años del gobierno de López Obrador, hay buenas noticias que se pueden identificar, porque había dudas, incluso temores, en cuanto a que el aparato institucional mexicano se doblegaría ante el Ejecutivo.
“Los órganos constitucionales autónomos no se doblegaron, los han tenido que desmantelar, pero ahí están funcionando”, dijo en referencia a lo que sucede en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.