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México ‘no se la perdona’ a García Luna: Suprema Corte niega amparo para desbloquear sus cuentas

En un comunicado la UIF detalló que en 2020 García Luna promovió un juicio ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.

Ahora García Luna enfrenta también una orden de aprehensión emitida por la FGR por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. (Cuartoscuro).

Luego de que Genaro García Luna solicitara un amparo para salir de la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito notificó que se lo negó.

Se estableció que fue apegada a derecho y en la secuela procesal la UIF demostró que el origen de la inclusión a la LPB fue en cumplimiento a una obligación de carácter internacional en términos de los criterios establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En un comunicado la UIF detalló que en 2020 García Luna promovió un juicio ante el Juzgado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, contra el acuerdo de la UIF 286/2019 que lo incluyó en la LPB a solicitud de la DEA por una investigación sobre lavado de activos.

Fiscalía va contra García Luna y funcionarios cercanos por ‘desfalco’ a la Secretaría de Seguridad

La Fiscalía General de la República giró una orden de aprehensión contra Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), así como a otras 60 personas por los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.


La dependencia informó este lunes 22 de mayo que 58 de los imputados colaboraron con García Luna y sus dos socios, Jonathan Alexis ‘N’ y Mauricio Samuel ‘N’, “para saquear los recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado prevención y readaptación social (cárceles federales), dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública”.

La investigación de la Fiscalía apunta a que se canalizaron recursos públicos de manera ilícita a empresas controladas por García Luna y sus socios a través de 10 contratos por un monto de 5 mil 112 millones de pesos, “que fueron sustraídos a través de diversas triangulaciones criminales a nivel internacional”.


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