La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que presentará una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contra el Juez de Control de Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Oaxaca, Álvaro Niño Cruz.
Esto debido a que estimó que el juzgado ha incurrido en irregularidades en al menos cinco casos, en los que favoreció a imputados del caso Nochixtlán, narcotráfico e incumplimiento de sentencias de amparo.
Con este, suman ya más de una docena de jueces que están bajo investigación de la FGR por las resoluciones que han dictado en casos de políticos, narcotráfico u otros asuntos relevantes.
Mediante un comunicado, la FGR recordó que en noviembre de 2022 imputó a dos exmandos de la entonces Policía Federal que participaron en el operativo de junio de 2016 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, que dejó seis civiles fallecidos y 27 personas heridas por disparo de armas de fuego.
La FGR advirtió que, a pesar de que los policías debían permanecer en prisión preventiva, el Juez Álvaro Niño Cruz determinó que continuarían su proceso penal en libertad, fijándoles únicamente una garantía de 20 mil pesos a cada uno, contraviniendo con ello la Constitución federal y las reglas del procedimiento penal.
Agregó que en junio de este año, el Juez Niño Cruz nuevamente decidió no imponer alguna medida que restringiera la libertad contra el encargado del Segundo Agrupamiento de la División de Gendarmería que también participó en esos hechos.
Aseguró que a dicho mando se le imputó el delito de lesiones por disparo de armas de fuego, y pese a la solicitud de la Fiscalía de imponer prisión preventiva, únicamente le señaló la obligación de presentarse mensualmente ante el órgano jurisdiccional durante su proceso penal.
“En esa misma audiencia, dicho juzgador no vinculó a proceso a uno de los policías estatales implicados en la masacre de Asunción Nochixtlán, quién fue señalado por el homicidio de una de las personas que participaban en las protestas de la Sección 2 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como de una persona más, durante la continuidad del operativo de ese 19 de junio de 2016, al considerar que no había pruebas suficientes, contrario a lo señalado y probado por la Fiscalía”, insistió.
Dijo que a principios de noviembre de 2022, elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, detuvieron a cuatro personas en la costa de Huatulco, quienes poseían en una embarcación cerca de 600 kilos de cocaína.
Puntualizó que, por este caso, la FGR solicitó al Juez Álvaro Niño Cruz que sometiera a proceso penal a los implicados; sin embargo, determinó dejarlos en libertad, argumentando excesos en su detención.
Finalmente, en mayo de este año, el Juez Álvaro Niño Cruz resolvió negar a la FGR vincular a proceso al Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Registro Civil y Director del Registro Civil de Oaxaca, quienes fueron señalados por incumplir la resolución de un Juez de amparo de ese estado.
A dichas personas las instruyó permitieran la inscripción de tres personas en los registros respectivos para que pudieran obtener copia certificada de sus actas de nacimiento.
FGR tiene en la mira a varios jueces
No es la única ocasión en que la FGR, que encabeza Alejandro Gertz Manero, anuncia acciones contra jueces federales que dictan resoluciones contrarias a sus expectativas.
En días pasados anunció que procedería contra Gustavo Aquiles Villaseñor, Felipe de Jesús Delgadillo Padierna y Roberto Omar Paredes Gorostieta, por haber emitido resoluciones en favor de imputados como Rosario Robles Berlanga o Ramón Sosamontes.
También anunció acciones contra el juez Octavo de Distrito en el estado de Tamaulipas, Faustino Gutiérrez Pérez, que ordenó dejar sin efecto la captura contra el exgobernador panista de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Otro caso es el juez Juan Pablo Gómez Fierro, quien ha dictado diversas resoluciones que no gustaron al gobierno federal, algunas relacionadas con la reforma eléctrica y una por resolver a favor de la empresa española Iberdrola e impidió que ésta pagara una multa de 9 mil 145 millones de pesos.
La y los jueces Yolanda Cecilia Chávez, Gregorio Salazar, Daniel Ramírez Peña y la magistrada Sara Olimpia Reyes García, han sido señalados de dictar sentencias que favorecieron a narcotraficantes.
También se ha anunciado acciones contra los jueces Jorge Antonio Medina Gaona, Erika Navarro Olvera, Alberto Martínez Álvarez, Israel Pérez Cuevas e Israel Ceballos, relacionados con el caso de Fernando Aramburu Pandal, acusado de fraude debido a lo cual fue vinculado a proceso, aunque llevó éste en libertad.