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Caso Ayotzinapa: Juez ordena captura de 16 militares por desaparición de normalistas

El personal detenido será imputado por la FGR por lo delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Raquel Ivette Duarte, jueza segunda de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, libró 16 nuevas órdenes de aprehensión contra militares por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa. (Cuartoscuro)

Raquel Ivette Duarte, jueza segunda de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, libró 16 nuevas órdenes de aprehensión contra militares por su presunta responsabilidad en el caso Ayotzinapa.

El personal castrense será imputado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Fue la FGR quien solicitó los mandamientos judiciales, luego de que el 14 septiembre de 2022 había solicitado al juez Enrique Beltrán Santés la cancelación de las órdenes de captura contra los militares.

Autoridades confirmaron a El Financiero, que entre los militares que se busca detener se encuentran el coronel Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41° Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero.

A la lista se suman los soldados Eloy Estrada, Uri Yashiel Reyes, Joel Gálvez, Omar Torres, Ramiro Manzanares, Juan Andrés Flores, Ezequiel Carrera, Gustavo Rodríguez, Felipe González, Roberto de los Santos, Oscar Cruz, Juan Sotelo, Santiago Muñoz, Francisco Narváez y Enrique Martínez, todos integrantes de los batallones 27° y 41° de Infantería.

Tres de los militares ya fueron detenidos e ingresados a la prisión militar del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México.


Cabe recordar que en septiembre del año pasado un juez federal dictó auto de formal prisión contra el general Brigadier José Rodríguez Pérez, exjefe del 27° Batallón, y el capitán José Martínez Crespo.

También se ordenó la aprehensión del subteniente Fabián Alejandro Pirita y del soldado de Infantería Eduardo Mota, quienes también están implicados en estos hechos.

No obstante, esas órdenes de captura fueron canceladas (y no se han reactivado) lo que generó una reacción adversa al gobierno federal y la FGR, ya que ONG acusaron la protección al personal militar, cómo se hizo en la pasada administración.

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