Ocho militares vinculados a la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, en el sur de México en 2014, fueron detenidos y se encuentran en una prisión militar a la espera de que una jueza civil determine si se les abre proceso penal, informó a The Associated Press un mando del Ejército.
Según indicó el militar, que pidió el anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas, los ocho uniformados presuntamente involucrados en el conocido “caso Ayotzinapa” siguen en activo y fueron detenidos en miércoles a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR).
En septiembre del año pasado, la Fiscalía federal emitió órdenes de captura contra 16 militares y poco después las retiró sin dar ninguna explicación. Eso provocó la renuncia del fiscal que llevaba el caso y fuertes condenas, tanto de los expertos internacionales que acompañan las pesquisas como del Centro Prodh -abogados de las víctimas-, que consideró que era una decisión arbitraria debido a “una intromisión ilegal” en las investigaciones.
Ahora, esas órdenes de captura fueron reactivadas pero solo se ha detenido a ocho miembros del Ejército mexicano, acusados por la Fiscalía de desaparición forzada, indicó Santiago Aguirre, director del Centro Prodh.
“Hasta que se cumplan todas las órdenes y hasta que se les dicte formal prisión, sabremos si esto va en serio”, indicó el abogado. Si la Fiscalía logra enjuiciarles, se abriría una nueva posibilidad de avanzar en la justicia, agregó. La jueza que lleva el caso deberá decidir al respecto en los próximos días.
El 26 de septiembre de 2014 policías de la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa, con la participación de otras corporaciones de seguridad locales, estatales, federales y miembros del crimen organizado. Todavía se desconoce el destino final de los jóvenes aunque se han recuperado pequeños restos óseos de tres de los alumnos.
Según la actual Fiscalía, miembros de las Fuerzas Armadas participaron directamente en los hechos y presuntamente también en actividades posteriores de ocultación de datos y obstrucción a la justicia.
Cuatro militares están procesados por el caso pero los abogados de las víctimas y los expertos internacionales que colaboran con la investigación bajo mandato de la Organización de los Estados Americanos (OEA) llevan años denunciando que hay más implicados dentro de las Fuerzas Armadas, un área a la que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dado cada vez más poder en los últimos años.
El grupo de la OEA denunció en marzo que el Ejército seguía ocultándoles información y evidencias clave para esclarecer lo ocurrido, lo que suponía un importante bloqueo a su trabajo. Su mandato finaliza a finales de julio y no está claro todavía si se ampliará, como se ha hecho en el pasado.
El móvil del ataque a los estudiantes sigue sin estar claro pero se ha afianzado la idea de que estaría vinculado con el tráfico de heroína que realizaba un grupo criminal en colusión con autoridades locales y presuntamente también con militares, según información que autoridades estadounidenses aportaron al caso.
Las numerosas irregularidades registradas en la investigación durante el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) hicieron que muchas acusaciones se cayeran por violaciones al debido proceso y que algunos de los implicados quedaran libres. Uno de los últimos en ser exonerado —aunque sigue en la cárcel por otros delitos— fue José Luis Abarca, quien era alcalde de Iguala cuando ocurrieron los hechos.
El involucrado de mayor rango que está en prisión es el entonces procurador general Jesús Murillo Karam que está siendo procesado por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia al ser considerado por la actual Fiscalía como quien inventó la versión oficial del anterior gobierno para encubrir la verdad.