Janine Otálora Malassis, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), propondrá este miércoles a la Sala Superior, la suspensión de los procesos de selección del responsable de la construcción del Frente Amplio por México, y la selección del coordinador de defensa de la cuarta transformación.
Y es que estima que esos procesos son en realidad estrategias que buscan defraudar a la ley, mediante el uso abusivo del derecho para la realización de precampañas disfrazadas, que tienen como finalidad elegir a la persona candidata a la Presidencia de la República por dichas alianzas o coaliciones.
La propuesta es que se suspenda en forma inmediata toda actividad, eventos, actos o recorridos, así como la difusión y propaganda, en cualquiera de sus modalidades, asociadas a esos procesos partidistas.
En uno de los expedientes que se analizarán, Otálora propondrá también sanciones por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) a Xóchitl Gálvez, Santiago Creel y Beatriz Paredes.
“Se propone ordenar la suspensión inmediata de los procesos, de los partidos Morena, PVEM y PT, como del PAN, PRD y PRI”, dicen los expedientes en los que se señala que los actos de las coaliciones o alianzas constituyen un grave e injustificado riesgo al principio de equidad en el proceso electoral 2023-24, que inicia en septiembre.
Esos proyectos, que se hicieron públicos el martes, serán discutidos en la sesión pública de la Sala Superior de este miércoles al mediodía.
Los argumentos en ambos casos son prácticamente los mismos que se propusieron la semana pasada al resolver el expediente SUP-REP-180/2023 y acumulados, los cuales se desecharon sin analizar el fondo del asunto.
En aquella sesión (11 de julio pasado), la postura que plantea la magistrada Otálora sólo fue apoyada por los magistrados José Luis Vargas y Mónica Soto, esta última ponente en ese asunto en el que se impugnó el proceso de Morena, Verde y PT.
Para la mayoría de los magistrados (Felipe Fuentes, Felipe de la Mata, Indalfer Infante y el presidente Reyes Rodríguez) resultó improcedente el recurso, ya que lo impugnado es un acto de organización interna de partido y quien debía presentar la queja son los militantes de ese o esos institutos.
Además, dijeron, no hay una afectación de derechos a los impugnantes, ambos militantes de Movimiento Ciudadano quienes, además, no actuaron en nombre de su partido, sino a nombre propio.
En los casos que se discutirán este miércoles, quienes impugnaron cada uno de los procesos de las alianzas o coaliciones no son integrantes de los partidos que las forman.
Otálora detalla en sus proyectos que en los actos y eventos de los aspirantes a cada uno de los cargos de las coaliciones o alianzas, se advierte la existencia de posicionamientos públicos y elementos de propaganda que los han beneficiado, sirviéndose de los supuestos procesos internos.
Según la magistrada, los cargos partidistas por los que presuntamente compiten las personas denunciadas no existen dentro de las estructuras estatutarias de los partidos denunciados, ni tampoco existe certeza sobre las funciones, obligaciones o alcances que tengan esas figuras jurídicas.
Acusa también que hay opacidad en la instrumentación de los procesos. “Por lo expuesto, es que se ordena la suspensión total e inmediata de los procesos denunciados y de todos los actos que se vinculen a éstos, así como el retiro de toda difusión o propaganda que haga referencia al mismo o a las personas que se registraron”, insisten los proyectos.
Los asuntos que se discutirán son los relacionados con los expedientes SUP-REP-221/2023 y SUP-REP-231/2023 y acumulados, en los que Jorge Álvarez Máynez y diversos partidos se inconformaron con la decisión del TEPJF; así como el SUP-JDC-255/2023, promovido por Alberto Anaya, líder del PT.