Diputados federales de Morena presentaron una demanda de juicio político en contra de los ministros de la Corte, por “usurpación de funciones” y por “violación sistemática del artículo 127 constitucional”.
Encabezados por el legislador Manuel Robles Gómez, explicaron que esta denuncia tiene por objeto que los ministros “se sujeten al cumplimiento de la Constitución y acatar la soberanía popular expresada en las urnas en 2018, a fin de que haya austeridad en el servicio público”.
El diputado Robles Gómez indicó que los ministros “han abusado de ser intérpretes de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, pues no sólo es obligación del Ejecutivo, también en el Legislativo nos amarramos el cinturón y ellos no han querido hacer esto”.
Dijo que es un conflicto de interés que hayan entrado a la interpretación de este tema tan importante, “porque se benefician a sí mismos; ellos deberían poner el ejemplo”.
“Nosotros vamos a estar insistiendo; presentamos esta demanda de juicio político porque no es un capricho presidencial, sino es una definición de la voluntad del pueblo para dar esa voz que no han querido escuchar las ministras y ministros”, agregó.
La diputada Adriana Bustamante comentó que “la Corte ha mandado un mensaje que simboliza la prevalencia del neoliberalismo al estar en contra de las decisiones del pueblo e inmiscuirse en el trabajo legislativo y rechazar normativas que se han legislado a favor del pueblo”.
María Clemente García advirtió de la usurpación de funciones de los ministros al rebatir decisiones del Congreso, lo que “ha violentado al país y por ello esta demanda”.
“La constante intervención de los ministros en el ámbito Ejecutivo y Legislativo ha significado un ataque a la democracia y un ataque a la forma de gobierno republicana y representativa que hemos logrado recuperar con los gobiernos de la cuarta transformación”, apuntó.
Juan Guadalupe Torres señaló que esta acción es definitiva para hacer frente al combate a la impunidad, porque se debe sancionar la corrupción y “los ministros han incurrido una y otra vez en actos de corrupción”.
Reiteró que en San Lázaro se han ajustado el cinturón de acuerdo a lo que marca la ley, y “se reformó para que nadie pueda ganar más que el Presidente y los ministros están cayendo en corrupción al haber un conflicto de interés con ampararse”.
La diputada Graciela Sánchez Ortiz se pronunció a favor de la denuncia porque “es momento de que se le ponga un alto a las acciones de la Suprema Corte en esta materia y es necesario que los mexicanos tengan conocimiento de cómo está actuando el Poder Judicial”.
Refirió que fue una injusticia rebatir la iniciativa que proponía cambios electorales, toda vez que la oposición no quiso participar, al rehusarse a entender que México requiere una reforma del Poder Judicial.
Los legisladores Manuel Vázquez Arellano, María Magdalena Olivia Esquivel Nava y Francisco Javier Borrego coincidieron en la necesidad de que tiene que haber un verdadero equilibrio de poderes sin privilegios, “pero no bajo la narrativa falsa de la oposición”.