La encuesta Latinobarómetro en su versión 2023 reveló que hay una mayor confianza en el presidente Andrés Manuel López Obrador que en el Poder Judicial.
La encuesta aplicada a ciudadanos de 17 países de América Latina y el Caribe, mostró que la confianza en el actual gobierno y el Poder Judicial incrementó a comparación de los datos obtenidos en 2020, pero una más que la otra. Mientras la primera apuntó un avance de 10 puntos, la segunda casi lo alcanza con 9.
Aun así, la desconfianza en ambas divisiones es ostensible. La poca o nula confianza en el gobierno es del 62 por ciento, en tanto que la del Poder Judicial es del 67 por ciento.
Los datos se presentan en un momento álgido de la relación entre López Obrador y la división encargada de impartir justicia en México.
Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que han dejado sin validez a varias de las reformas propuestas por el presidente, dieron paso a una serie de acusaciones en contra de diversos integrantes de esta división.
El mandatario federal no solo ha señalado a magistrados y ministros de estar alineados a los intereses de grupos de poder, sino que estrenó un apartado en la sección de “Cero Impunidad”, que se presenta dos veces al mes en las conferencias matutinas, en la que el subsecretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, informa sobre los presuntos delincuentes que han sido favorecidos por jueces, aun cuando existen pruebas fehacientes de sus actividades ilícitas.
También se ha encargado de promover con fervor una próxima reforma al Poder Judicial para que los magistrados y ministros sean elegidos mediante el voto popular.
De acuerdo a lo planteado, los candidatos serán agrupados en listas -parecidas a las ternas del Instituto Nacional Electoral- las cuales estarán conformadas por aspirantes provenientes de la SCJN, del Poder Legislativo y de la Presidencia.
Antes de presentar la iniciativa correspondiente, el jefe del Ejecutivo espera alcanzar una mayoría calificada en la próxima legislatura LXV que se instalará el 1 de septiembre del 2024. Para que una reforma constitucional prospere, se requieren los votos a favor de tres cuartas partes de los legisladores presentes en ambas cámaras del Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados se necesitan 334 votos y en la de Senadores, 85.