El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza responsabilizó al Estado mexicano de cometer crímenes de ecocidio y etnocidio con la construcción del proyecto insignia del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que promete desarrollar económicamente al sureste del país: el Tren Maya.
En el veredicto que se dio a conocer el 26 de julio, el tribunal acusó al megaproyecto de vulnerar los derechos de la tierra a ser respetada; el derecho al agua como fuente de vida; a la salud integral, y a estar libre de contaminación y desechos tóxicos, todos ellos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra.
También destacó la violación a los derechos de la naturaleza y los derechos bioculturales del pueblo maya, quienes, aseguró, “han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales”.
Por estas razones es que no solo consideró que su construcción constituye un ecocidio, sino también un etnocidio, pero a ¿qué se refiere con esto?
¿Qué es un ecocidio?
Hernán Neira, investigador de la Universidad de Chile, explica en su artículo publicado en la Revista de Filosofía (2019), que el concepto de “ecocidio” tiene aspectos tanto de homicidio como de suicidio ambiental y remite a la teoría de exponerse al riesgo de muerte, pero no solo de manera individual sino colectiva.
En junio de 2021, un grupo de panel de expertos juristas e integrantes de la Fundación Stop Ecocidio presentaron una definición jurídica del concepto, la cual buscan incorporar al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) y así, mediante el derecho penal, prohibir y sancionar tanto el daño masivo como la destrucción del mundo natural. La definición es la siguiente:
Se entenderá por ‘ecocidio’ cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existen grandes probabilidades de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente.
Por daños graves, la definición se refiere a aquellos que provoquen “cambios muy adversos, perturbaciones o daños notorios para cualquier elemento del medio ambiente, incluidos los efectos serios para la vida humana o los recursos naturales, culturales o económicos”.
Asimismo, entiende por “duraderos” a aquellos que no se puedan reparar mediante la regeneración natural en un plazo razonable.
Hasta ahora, en gran parte del mundo no existe un marco legal que considere al ecocidio como un crimen. Para que el intento de tipificarlo a nivel internacional surta efecto, aún hace falta que uno de los 123 países miembro de la CPI proponga su adhesión al Estatuto de Roma y dos terceras partes aprueben la propuesta.
¿Qué es el etnocidio?
Cuando a un grupo étnico se le niega su derecho a disfrutar, desarrollar y transmitir su propia cultura y su propia lengua, ya sea individual o colectivamente, está siendo víctima de etnocidio.
Así lo determinó la Declaración de San José sobre Etnocidio y Etnodesarrollo en América Latina, aprobada en 1981 por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) con el auspicio de la UNESCO.
El documento destaca que el etnocidio se trata de una forma extrema de violación masiva de los derechos humanos, particularmente del derecho de los grupos étnicos al respeto de su identidad cultural.
En el caso del Tren Maya, el grupo de expertos que rindió testimonio ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza advirtió que su construcción podría derivar en graves impactos socioculturales para las comunidades originarias de la zona, que van desde la mercantilización de la cultura; los saberes y la memoria, hasta la ruptura del tejido social; el desplazamiento de las formas tradicionales de subsistencia, y el despojo territorial, entre otros.
“Estamos frente a un acto de etnocidio y ecocidio de los territorios maya, y del dominio del poder sobre el derecho a la vida”, señala el veredicto.