Luis María Aguilar, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), otorgó una segunda suspensión contra la distribución de los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esta vez en Coahuila.
El gobierno estatal tramitó la controversia constitucional 412/2023 contra la secretaría así como de la Subsecretaría de Educación Básica, la Dirección General de Materiales Educativos y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, entre otras dependencias educativas.
“Se concede la suspensión solicitada por el Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza, para los efectos precisados en este proveído. La medida suspensional surtirá efectos sin necesidad de otorgar garantía y sin perjuicio de que pueda modificarse o revocarse por algún hecho superveniente”, detallan los estrados del Alto Tribunal.
Coahuila presentó este recurso después de que la semana pasada el gobierno de Chihuahua tramitará esta misma petición.
En ambos casos, este freno judicial únicamente aplica para el ámbito de los estados quejosos, por lo que si otras entidades quieren detener el reparto de libros, también tendrán que acudir a la Corte.
Esta suspensión únicamente será válida mientras el pleno del Alto Tribunal resuelve ambos asuntos de fondo. De igual forma, el Ejecutivo Federal puede presentar una queja en contra de estas decisiones.
Además de las recientes decisiones del ministro Aguilar Morales, Yadira Medina Alcántara, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, había otorgado una suspensión definitiva para que los libros de texto se apegaran a la Ley General de Educación.
Sin embargo, en dos ocasiones, la juzgadora señaló a la SEP por no haber cumplido con la decisión, así como no haber acreditado que los libros de texto gratuitos fueron impresos de acuerdo a las normas vigentes.
El trámite que faltaba para que el proceso se llevara a cabo en orden era la publicación del Plan de Estudios así como los Programas Sintéticos para preescolar, primaria y secundaria, algo que la secretaría realizó el pasado 15 de agosto.
A pesar de que la ley marca que primero se tenían que publicar estos documentos y después se tenían que elaborar los materiales didácticos, la titular de la secretaría, Leticia Ramírez Amaya, sostuvo que confía que al hacer públicos se resolvería el asunto.