A días de que inicie el año electoral 2023-2024, la consejera electoral Carla Humphrey anunció que el Instituto Nacional Electoral (INE) buscará que uno de los debates presidenciales ocurra en la sede del instituto.
“Estamos pensando como innovación que la sede de los debates sea aquí en el Instituto Nacional Electoral, que nunca hemos tenido un debate aquí, obviamente tenemos que erogar recursos para tener cámaras adecuadas e instrumentos adecuados”, dijo Humphrey en conferencia de prensa la tarde de este lunes 4 de septiembre.
“Sería importante tener por lo menos uno de los debates en la sede institucional”, añadió la consejera, quien además recordó que para ello se tendrá que crear un comité de debates, en el que los aspirantes contarán con un representante.
La consejera electoral refirió que durante septiembre y octubre estarán en diálogo con la Cámara de Diputados para explicar y justificar el presupuesto solicitado, que asciende a 23 mil 757 millones de pesos.
En la elección de 2018, los debates presidenciables se realizaron en el Palacio de Minería, el Museo del Mundo Maya, en Yucatán y en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Para 2024 se espera que se abra la posibilidad de hacer un debate en una de las sedes del INE, árbitro electoral al que se le intentaron hacer una serie de reformas durante el año pasado e inicios de este pero que tanto los legisladores de oposición como la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no permitieron.
En las elecciones de 2024 también se jugará el Congreso, por lo que funcionarios de Morena han pedido a la ciudadanía el voto masivo a fin de recuperar la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y la de Senadores, y con ello promover reformas constitucionales en materia electoral, así como buscar que los ministros de la Suprema Corte sean elegidos por la ciudadanía y concretar el paso de responsabilidades de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Cabe señalar que una moratoria constitucional, impulsada por partidos como el PRI, PAN y PRD, fue la que impidió que se aprobaran reformas constitucionales como la eléctrica de abril del año pasado, así como la primera iniciativa de reforma electoral con modificaciones a la Constitución, por lo que el oficialismo tuvo que recurrir a un denominado ‘plan B’ de la reforma electoral, que aunque fue aprobado, el Poder Judicial lo echó para atrás debido a diferentes inconsistencias.