La disputa entre el Cártel de Sinaloa y CJNG por el control de las rutas del tráfico de drogas y de personas en Chiapas, está teniendo un alto costo entre la población, pues se les está obligando a participar de manera activa, colocar retenes e impedir el paso de células delictivas rivales, cobrando cuotas, amenazando, secuestrando, castigando a quienes se niegan, y obligando a vitorear a los cárteles de la región.
Desde inicios de septiembre en al menos ocho municipios de las zonas fronteriza y sierra -Frontera Comalapa, Chicomuselo, Motozintla, Siltepec, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, La Grandeza y El Porvenir- donde viven 280 mil habitantes, la población ya no puede salir de sus viviendas, a menos que sea para participar en los enfrentamientos y retenes tanto del CJNG y Cártel de Sinaloa.
El pasado sábado, en el crucero conocido como Chamic, un convoy de camionetas artilladas presuntamente de la organización criminal sinaloense, desfiló ante la mirada de cientos de pobladores, que fueron obligados a colocarse en filas a orilla de la carretera y aplaudieran la presencia de los sicarios.
Mientras, en las cabeceras municipales de Motozintla, Siltepec y Frontera Comalapa, uno de los cárteles sacó de las viviendas a los hombres y los llevaron a las plazas centrales, a algunos les dieron armas para integrarlos a los comandos que recorren calles y carreteras, otros fueron llevados a los retenes que hay en las entradas para que impidieran el paso del grupo contrario.
Los hechos los han dado a conocer personas de la misma región, a través de videos y mensajes en redes sociales. Además, los narcos difunden videos para provocar terror, en los que se pueden apreciar asesinatos de civiles.
Hasta ahora, las autoridades no se han pronunciado al respecto; sin embargo, este sábado, las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas y la de Tapachula hicieron públicas cartas donde cuestionan el actuar de la autoridad y señalan la gravedad de la situación.
“En estos tiempos de crisis frente a la violencia estructural e institucional con la presencia de la delincuencia organizada que lacera la vida de nuestras comunidades y nuestros pueblos de Chiapas, estamos sufriendo los asesinatos, secuestros, desapariciones, amenazas, hostigamiento, extracción de nuestros bienes naturales, persecución y despojos de los bienes, fruto de nuestro trabajo. Los grupos delincuenciales se han apoderado de nuestro territorio y nos encontramos en estado de sitio, bajo psicosis social con narcobloqueos, que usan como barrera humana a la sociedad civil, obligándolos a estar y poner en riesgo su vida y la de su familia”, explican los religiosos, cuyos feligreses viven en las regiones que se disputan los cárteles.
En el comunicado que titularon “CHIAPAS DESGARRADO POR EL CRIMEN ORGANIZADO”, acusan “la omisión del Estado de frente a esta realidad. ‘Hacemos un llamado a la comunidad internacional a visibilizar la situación de violencia que se ha perpetrado en nuestro Estado de Chiapas y que las autoridades correspondientes respondan brindando seguridad al pueblo’.
También la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) dirigió un comunicado al gobernador de Chiapas Rutilio Escandón Cadenas en el que señalan la ‘preocupación por las condiciones de inseguridad y violencia que se han recrudecido las últimas semanas en los municipios fronterizos de la zona sierra de Chiapas’.
Añaden que “en contraste a esta situación que se vive en la región fronteriza de la sierra de Chiapas, el día de ayer, en la zona centro, fue evidente el desfile de funcionarios de su administración, que en horario laboral dejaron las actividades de las Secretarías bajo su cargo para asistir a un evento de carácter proselitista”.
El sector patronal exigió al gobernador fortalecer la seguridad en Chiapas, con énfasis en la zona sierra, tanto para restablecer las condiciones de normalidad, como para asegurar el imperio del Estado de Derecho”.