El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados su iniciativa de Ley General de Protección Civil y Gestión del Riesgo de Desastres, la cual obliga a las entidades federativas a prever en sus presupuestos los recursos necesarios para brindar atención en caso de emergencia y desastres naturales.
Según señala el artículo 18 de la nueva ley, el monto que cada entidad debe destinar a este objetivo corresponderá, como mínimo, al 10 por ciento del promedio obtenido de la aportación que haya realizado durante los últimos cinco años para la reconstrucción de su infraestructura dañada.
Asimismo, establece que los gobiernos estatales, municipales y de las demarcaciones territoriales están obligados a contratar seguros y otros instrumentos de administración y transferencia de riesgo de desastre para cubrir los daños causados por un fenómeno natural.
En caso de que los recursos resulten insuficientes, los estados puedan solicitar apoyo a la Federación a través de los acuerdos previstos en la ley. Es decir, el Gobierno Federal no se deslindará por completo de brindar ayuda en estos casos pero busca que sus gastos estén justificados y se destinen directamente a este propósito.
La nueva ley también sustituye los mecanismos de financiamiento previstos en la Ley de 2012. En vez del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), los fondos de ayuda federal y los fondos de protección civil de las entidades federativas, prevé la existencia de instrumentos presupuestarios federales de gestión de riesgos. Estos corresponden al programa o mecanismos con los que el Gobierno Federal lleva a cabo acciones preventivas o ejecuta proyectos para atender los daños ocasionados por desastres naturales.
Asimismo, sustituye las declaratorias de Emergencia y Desastre y en su lugar propone la creación de acuerdos para ambos casos. A diferencia de las primeras, estos se emitirán por entidad federativa y no por municipios. Además, establece un límite temporal a la aplicación de recursos cuando concluya una emergencia. En el caso de desastre, el apoyo concluirá hasta que se haya atendido a la población afectada y se hayan reparado las afectaciones.
A estas nuevas medidas se suma la regulación de donativos. Según el documento, estos deberán ser siempre “verificables y aplicarse específicamente a la población afectada por la emergencia o desastre, de tal manera que el destino y manejo de esos recursos sea transparente, eficiente y eficaz”.
Además, prevé la aplicación de sanciones a servidores públicos que autoricen construcciones en zonas de alto riesgo y que pongan en peligro la seguridad de las personas.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.