El Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF) realizó cambios rumbo a las elecciones 2024, en los cuales se podrían reelegir los legisladores a pesar de que estén acusados de violencia de género.
El Tribunal modificó un acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE). En este se emitieron los lineamientos sobre la elección para senadores y diputados para el proceso electoral 2023-2024.
Entre ellos están que las personas a postular no tengan sentencia por la comisión intencional de delitos contra la vida; contra la libertad y seguridad sexual; por violencia familiar, violencia doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
La controversia se originó cuando diversas personas y partidos políticos de Morena, Partido Acción Nacional (PAN) y Partido del Trabajo (PT) alegaron que los lineamientos de reelección restringen el derecho político-electoral del voto.
#Boletín | El #TEPJF modifica los lineamientos sobre elección consecutiva para senadurías y diputaciones federales por ambos principios, para el proceso electoral federal 2023-2024.
— TEPJF (@TEPJF_informa) October 11, 2023
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¿Qué dijo el TEPJF sobre los violentadores?
El Tribunal Electoral detalló que será cuestión de los partidos políticos de revisar si alguno de los candidatos está inscrito en el registro de personas infractoras en materia de violencia política de género.
En ese caso, el mismo partido deberá valorar la pertinencia de su postulación. El TEPJF consideró que el registro de una persona en la lista mencionada no implica una causa para no ser elegida.
El magistrado José Luis Vargas hizo un llamado para establecer que en casos donde ya hay una sentencia por violencia, la restricción para el registro de una candidatura no sea de forma atemporal.
De esta forma, un agresor podría volver a postularse después de un tiempo a pesar de estar en este registro.
De acuerdo con Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), dicho registro tiene 359 casos en los que hay políticos señalados como agresores.
CIMAC considera que esta resolución es fundamental rumbo al proceso electoral 2024 debido a que abre puertas a violentadores y frena los avances relacionados con los derechos de las mujeres.