La Oficial Mayor de la Suprema Corte, Gisela Morales González, recriminó a la Cámara de Diputados que mientras el Poder Judicial aumenta su presupuesto en un cuatro por ciento pare el 2024, dependencias del Poder Ejecutivo, como la Secretaría de Energía, lo hacen hasta en un 291 por ciento.
Al acudir a la Cámara de Diputados a defender su proyecto de presupuesto para el año próximo, expuso que “el Presupuesto que presentamos para 2024 asciende a 84,792.4 millones de pesos, lo que representa en términos reales un incremento de 4 por ciento” con respecto al del 2023.
En medio de la polémica por la propuesta de los diputados de Morena de eliminar los fideicomisos del Poder Judicial, indicó que “el proyecto plantea un crecimiento similar al del gasto neto total propuesto por el Ejecutivo Federal”.
El cambio, resaltó, “es menor en términos nominales al solicitado, por ejemplo, por el Poder Legislativo, el cual crece en 15%, o al de algunas dependencias, como la Secretaría de Hacienda, que solicita un incremento de 12%, o a la Secretaría de Energía, que presenta un incremento de 291% respecto a 2023″.
Aunque en su exposición no mencionó los controvertidos 13 fideicomisos a eliminar, dijo que entregará una tarjeta informativa a los legisladores con diversos datos adicionales.
Explicó que “para valorar la dimensión de los recursos solicitados, me gustaría compartirles algunos datos: en los últimos cinco años, el presupuesto autorizado al Poder Judicial ha disminuido en términos reales, en más de 15%”, dijo.
“En ese mismo periodo, la carga de trabajo en tribunales y juzgados federales se incrementó en 28%. Sólo en este año se estima que se habrán de recibirse, más de 1.8 millones de nuevos asuntos”.
Detalló que “al ser instituciones cuya vocación es la impartición de justicia, su principal activo es su personal. Del total de recursos solicitados, casi el 85% se destinará a cubrir las remuneraciones de más de 55 mil 800 personas que laboran en el Poder Judicial; de ese número, el 60% es personal operativo”.
Expuso aquel “en el Consejo de la Judicatura, 91% de las personas se desempeñan directamente en labores jurisdiccionales o de apoyo a labores jurisdiccional. En la Suprema Corte son siete de cada 10 personas”.
“Los 68,500 millones de pesos requeridos para este concepto representan un incremento real de tan sólo el 1.4% respecto al presupuesto que se autorizó para el presente año”, subrayó
En el caso de ambos órganos, la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura, “su gasto operativo representa casi el 15%, este gasto soporta la operación en 696 inmuebles a cargo del Consejo de la Judicatura Federal y 42 inmuebles de la Suprema Corte”.
Por lo anterior, afirmó, “el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial Federal para 2024 se encuentra estrictamente apegado al marco legal definido para su construcción y está debidamente sustentado normativamente para cada rubro de gasto”.
Sostuvo a los diputados de la Comisión de Justicia que “si revisan a detalle el Proyecto de Presupuesto del Poder Judicial, podrán observar que cada peso considerado está orientado a financiar su operación; es decir, para garantizar el derecho humano de acceso a la justicia y a ampliar su alcance, sobre todo a la luz de las nuevas obligaciones establecidas por las reformas recientemente aprobadas”.