Con el voto de la mayoría de Morena y sus aliados del PT y PVEM, avanzó anoche en el pleno de la Cámara de Diputados el dictamen con las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, que eliminan 13 de los 14 fideicomisos.
Con 259 votos a favor, 205 en contra del PAN, PRI, PRD y MC, y una abstención del Partido Verde, se avaló –en lo general y sin posibilidad de modificaciones en lo particular, al cierre de esta edición– el dictamen que obliga a la Corte a devolver 15 mil 450 millones de pesos a la Tesorería de la Federación.
El dictamen establece que sólo se conserve un fideicomiso, que es el de Apoyo a la Administración de la Justicia. La reforma –que se turnará aún al Senado para su discusión y votación– agrega un párrafo al artículo 224 de la ley orgánica, para establecer que, “en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no podrán ser creados ni mantenerse en operación otros fondos o fideicomisos adicionales al mencionado anteriormente”.
La bancada de Morena argumentó que en los 14 fondos, el Poder Judicial cuenta con 21 mil 554 millones de pesos –de acuerdo con informes del segundo trimestre de este año–, pero que sólo el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia tiene sustento legal.
El coordinador de Morena y autor de la iniciativa, Ignacio Mier, argumentó en tribuna que “esta reforma es legal, falso que es ilegal, es pertinente y es necesaria, y está apegada a la división de poderes”.
“Esta reforma es respetuosa de los derechos de los empleados del Poder Judicial. Ninguno de los 14 fideicomisos tiene en sus componentes establecidos en los contratos con la fiduciaria beneficio a ninguno de los 55 mil 800 trabajadores”, sostuvo.
Por eso, pidió “que no les mientan, que no los usen de escudo humano. Diez mil millones de pesos están destinados como compensación a prestaciones y a jubilaciones. Apenas 599 funcionarios tienen a su disposición más de 10 mil millones de pesos”, aseguró.
Insistió en que “no hay que ser ingenuos, no hay ingenuidad, existen fuertes resistencias y fuertes intereses, intentan confundir a la sociedad. Desde la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha mentido”.
En respuesta, la diputada del PAN Margarita Zavala afirmó que esta reforma “viola el principio de independencia en los poderes y el principio de progresividad de los derechos de los trabajadores”.
Además, “viola el principio de debido proceso en el Congreso, porque no es un tema presupuestario, la Comisión de Presupuesto no debió haber dictaminado, debió haber dictaminado la de Justicia”.
Desde el PRI, Jaime Bueno pidió “posponer la discusión de este dictamen que, a todas luces, es ilegal y es inconstitucional”, y llamó a escuchar a los trabajadores del Poder Judicial.
“Compañeros de Morena, del Verde y del PT, no sean soberbios, este dictamen es más una venganza del Presidente contra los ministros”, y “nos vemos en la Corte”, anticipó.
Sin embargo, el diputado de Morena Hamlet García explicó en tribuna que, en caso de que se recurra a una controversia constitucional, la tendrán que dirimir los ministros, mismos que, “de acuerdo con la ley, no pueden ser juez y parte”.
Las bancadas de MC y PRD rechazaron también la reforma y acusaron que “es una perversidad del Presidente” y que sólo busca “hacerse de un dinero que no es suyo”.