A punto de cumplir 30 años de su alzamiento en armas y en medio de una creciente violencia en Chiapas, vinculada al crimen organizado, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) anunció cambios en la organización de sus bases civiles, sin dejar claro qué vendrá después.
Para estudiosos de esta guerrilla que irrumpió en la escena mexicana el 1 de enero de 1994, la reestructuración puede deberse tanto a un creciente aislamiento del zapatismo como a una estrategia política todavía no definida.
El EZLN anunció el pasado domingo, en un comunicado la desaparición de los municipios autónomos que crearon para autogobernarse al margen de las autoridades oficiales mexicanas y el fin de las “juntas del buen gobierno” —las asambleas donde se tomaban las decisiones—, aunque los “caracoles” —las instalaciones que servían de punto de reunión y donde se facilitaban servicios de salud, educativos y culturales— se mantendrán funcionando pero cerrados a personas externas.
No se dan pistas sobre qué vendrá después para el grupo armado para el grupo que no ha dejado las armas pero sí congeló su actividad guerrillera para impulsar un movimiento civil.
El escritor y antropólogo Gaspar Morquecho, que lleva décadas estudiando el movimiento, consideró que estos cambios tienen su origen en una pérdida de la base social del zapatismo producto tanto de la migración de jóvenes de esas comunidades o de las discrepancias con otras organizaciones.
“El EZLN también se cerró a los vínculos y organizaciones con otras fuerzas, de tal manera que cayó en un aislamiento”, dijo Morquecho.
También planteó que los anuncios podrían responder a fines político-electorales de cara a las elecciones de 2024, puesto que el EZLN se involucró en procesos electorales tanto en 2006, cuando encabezó la llamada “Otra Campaña”, como en 2018 cuando impulsó la candidatura presidencial de la indígena María de Jesús Patricio Martínez “Marichuy”, que no consiguió las firmas suficientes para ser aceptada formalmente como aspirante a la Presidencia de México.
Los municipios autónomos surgieron poco después del alzamiento y se reorganizaron en el 2003, después de que el EZLN acusara al gobierno mexicano de incumplir los llamados Acuerdos de San Andrés que aspiraban a cambios y reformas integrales sobre derechos y cultura de los pueblos originarios. Hace cuatro años crearon 16 municipios nuevos con lo que sus organizaciones territoriales se elevaron a 43.
El comunicado del domingo firmado por el Subcomandante Insurgente Moisés, tan críptico como ha sido habitual en la organización, se difundió en momentos en que Chiapas vive una creciente violencia vinculada al crimen organizado.
A las tensiones locales entre distintos grupos locales con armas, se unió una lucha sin cuartel entre el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, que se disputan el control de esta lucrativa frontera con Guatemala por la que pasan migrantes, armas y drogas.
“Hay bloqueos, asaltos, secuestros, cobro de piso, reclutamiento forzado, balaceras. Esto es efecto del padrinazgo del gobierno del estado y la disputa por los cargos que está en proceso”, denunció el EZLN al quejarse de la inacción de las fuerzas policiales y militares para atender la inseguridad en la zona. El grupo sostuvo que las autoridades concentran la atención solo en los miles de migrantes que a diario transitan por Chiapas.
La denuncia ocurre mientras avanza por Chiapas una caravana de más de 5 mil migrantes que exigen al gobierno la entrega de documentos de tránsito para continuar su viaje hacia Estados Unidos.
En los últimos meses el gobierno federal ha enviado a Chiapas varios centenares de guardias nacionales y militares, pero han resultado insuficientes para hacer frente a las organizaciones criminales.