La violencia crónica que se vive en México supone condiciones de alto riesgo para el desarrollo del proceso electoral 2023-2024, estimó ayer la organización no gubernamental Causa en Común.
“La violencia crónica en nuestro país, agudizada por el debilitamiento de las instituciones de seguridad pública, especialmente durante el presente sexenio, supone condiciones de alto riesgo para la integridad de los actores políticos y el curso de nuestro proceso democrático”, alertó la organización.
Recordó que el proceso electoral ya está en curso y que es el más grande en la historia del país, ya que se elegirán más de 20 mil cargos públicos de elección popular, incluyendo la Presidencia de la República, así como 128 senadurías y 500 diputaciones federales.
Insistió en que la mala situación que vive el país en materia de seguridad es suficiente para encender las alarmas, pues el enemigo no está en las organizaciones políticas, sino en el crimen organizado.
“En el México de hoy es necesario resaltar lo obvio: el enemigo no son los contrincantes ni los ciudadanos con distintas opiniones, sino ese crimen organizado al que tantos abrazos se le han enviado desde lo alto del poder político”, aseguró la ONG.
Señaló que seguir abdicando en materia de seguridad, y sobre todo en estos momentos, significaría continuar desprotegiendo a la ciudadanía y a la democracia del país. “Difícil imaginar mayor irresponsabilidad que la indiferencia ante las tragedias que se pueden evitar”, agregó en un comunicado de prensa.
Recordó que, a partir del año 2020, Causa en Común ha dado seguimiento al asesinato de actores políticos en el país, como parte del estudio Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto.
Añadió que, de acuerdo con este conteo, desde 2020 y hasta octubre de 2023, los medios de comunicación han dado cuenta de, al menos, 231 casos de asesinato de algún actor político en el país.
Precisó que, en el proceso electoral de 2021, fueron al menos 36 los asesinatos políticos, mientras que en lo que va de 2023, aún sin haber iniciado formalmente el proceso electoral, ya suman, al menos, 38 asesinatos.
En su recuento, Causa en Común cataloga como “actores políticos” a aquellas personas elegidas para ocupar un cargo público, ya sea por votación o ratificación de los poderes legislativos a nivel federal, así como directivos de partidos políticos o personajes relevantes en la escena política.
Según sus cifras, las entidades que acumulan el mayor número de casos de este tipo son Oaxaca (nueve), Guerrero (nueve), Veracruz (seis) y Morelos (cuatro); en todos los casos, dijo la organización, el denominador común es la impunidad.
De los casos registrados por la ONG en Oaxaca destacan los homicidios de Heidi Candelaria Lagunes, regidora de Comercio del municipio de San Pedro Tapanatepec, ocurrido el 20 de enero pasado.
Asimismo, los crímenes de Moisés Ramírez Aguilar, dirigente municipal del PRD en Santa María Huatulco, ocurrido el 23 de marzo, y Gregorio Barrera Soto, aspirante de Movimiento Ciudadano a la candidatura de la presidencia municipal de Playa Vicente, Veracruz, asesinado el 10 de abril, en Tuxtepec, Oaxaca.
La organización Causa en Común llamó a los gobiernos federales y estatales a realizar acciones puntuales para garantizar la seguridad en el proceso electoral.
“En vez de continuar por la irresponsable e inútil empresa de ocultar la inseguridad y polarizar aún más al país, urgen medidas puntuales que se aboquen a la protección del proceso electoral y de los candidatos en circunstancias de mayor riesgo”, subrayó.