En el límite de su periodo ordinario y en apuradas sesiones de ambas cámaras legislativas, el Congreso de la Unión aseguró ayer los derechos laborales de los elementos de la Guardia Nacional.
Diputados y senadores aprobaron un proyecto de decreto –que fue turnado ahora a los 32 Congresos locales– por el cual se interpreta el alcance del artículo tercero transitorio del “decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución política, en materia de Guardia Nacional”, publicado en el Diario Oficial de la Federación, desde el 26 de marzo de 2019.
Aprobado, primero en el Senado, con 109 votos a favor, cinco en contra y una abstención, con los votos de Morena y aliados, así como del PAN, PRI, PRD y MC, los integrantes del Grupo Plural, que votaron en contra, argumentaron que el decreto tiene como propósito “darle la vuelta” a la resolución de la Suprema Corte, de declarar inconstitucional dar el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.
“¿Por qué necesitamos una interpretación?”, cuestionó el senador Emilio Álvarez. “Justo para blindar lo que el presidente (Andrés Manuel López Obrador) dijo: para darle el mando administrativo y la transferencia de efectivos militares en la Guardia Nacional el tiempo que se quiera”, se respondió.
Esta iniciativa interpreta el artículo tercero transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, con el objetivo de reiterar que dicha reforma “salvaguarda” las prestaciones y derechos laborales de los militares y marinos en tareas de seguridad pública.
La senadora sin grupo parlamentario Claudia Ruiz Massieu afirmó que el Poder Legislativo no tiene la facultad de interpretar las adiciones y reformas al texto constitucional, por lo que pretender ejercerlo no sólo sienta un “pésimo precedente, sino además es inconstitucional”.
En defensa del dictamen, el panista Damián Zepeda aseguró que este sólo busca dar certidumbre no al gobierno, sino a los elementos de la Guardia Nacional.
En la Cámara de Diputados, el proyecto se aprobó, por la vía fast track, de trámite, sin oradores, sin pasar por comisión alguna y con 415 votos a favor y sólo una abstención.
El decreto justifica que la interpretación asegura el respeto a los derechos laborales de estos elementos, ya que evita cualquier menoscabo durante la asignación temporal a la Guardia Nacional.
El documento enviado a las legislaturas de los estados establece que la interpretación de los alcances deberá ser para garantizar los derechos, prestaciones, pertenencia, rango, servicio y antigüedad del personal de las policías militar y naval asignado a la Guardia Nacional.