El discurso que rindió la ministra Lenia Batres ante la Suprema Corte (SCJN) “plantea una teoría de antaño, ya muy superada, en torno a las funciones de un tribunal constitucional”, consideró el académico Sergio Charbel Olvera.
Dijo que el planteamiento de la ministra va más acorde a lo que se da en un Estado autoritario, donde se hace lo que diga el Presidente y el Legislativo.
“Quizá está desactualizada, o quizá no comprende todavía con mucha pulcritud las funciones que tiene en la actualidad la Suprema Corte dentro de un Estado de derecho democrático y garante de los derechos humanos” estimó.
En entrevista con El Financiero, Olvera –quien ha sido académico de varias universidades, entre ellas la UNAM– difirió de lo planteado por Batres en el sentido de que la SCJN no puede aplicar un juicio de valor ante la obra legislativa.
“Esa concepción impide que el Poder Judicial sea un verdadero contrapeso en la estructura del Estado”, dijo el doctor en derecho constitucional. “Si solamente eres un aplicador de la ley, el Poder Judicial no tiene una gran relevancia”, agregó.
Aseguró que, por el contrario, si se busca que la Suprema Corte sea un garante del Estado de derecho y de que las cosas se hagan correctamente, sí se requiere que realice una interpretación de la Constitución.
“Por ejemplo si el legislador emite una ley contraria a la Constitución o si la Constitución requiere interpretarse para efecto de garantizar los derechos humanos, eso no convierte a la SCJN en un mero aplicador de la ley, sino en un poder activo, que genera un contrapeso frente a las anomalías que puedan derivar de los otros poderes”, explicó.
Estimó que, si eso no ocurre, regresaríamos a las teorías francesas donde el Legislativo tendría una supremacía dentro del Estado. “Regresaríamos a la teoría del legislador omnipotente, que no se equivoca y que todos, incluyendo las autoridades, tendríamos que acatar lo que dice el legislador”.
Sobre las resoluciones que critica la ministra por considerarlas potencialmente políticas o por ser banderas del gobierno, dijo que éstas deben someterse al análisis técnico y si hay fallas se tienen que invalidar por más buenas que sean.
“Si se expide una ley que va contra la Constitución, el tribunal constitucional la va a invalidar por muy comprometida que esté políticamente, o que tenga la mejor voluntad de que va a ser benéfica”.
Dijo que, más allá de que le guste o no a quien está en el gobierno, esa es la función de la Suprema Corte.