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Liberación de militares en caso Ayotzinapa: Esta es la carta que envió Segob a Norma Piña

El Gobierno federal ya había advertido los riesgos sobre dar la libertad condicional a 8 militares implicados en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa.

Los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa afuera del Campo Militar 1-A, en septiembre de 2023. (Cuartoscuro)

Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación, dio a conocer este martes una carta del Gobierno federal enviada a Norma Piña Hernández, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en relación a la liberación de militares que están vinculados al caso Ayotzinapa.

Alcalde apuntó que esta carta fue enviada desde el 12 de diciembre pasado y desde entonces se advirtió que existía el riesgo del cambio de medidas cautelares para los militares señalados.

En la conferencia matutina de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó su desacuerdo en esta situación.

Y dijo estar en desacuerdo con la declaración de Alejandro Encinas, quien calificó como lamentable que los abogados de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) litiguen contra la investigación del presidente sobre el caso Ayotzinapa.

“No estoy de acuerdo con lo que dijo (Alejandro) Encinas, lo que es lamentable es que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres, de los jóvenes desaparecidos”, respondió López Obrador.

Y dijo que hace ya unos 15 días habían advertido sobre esta situación en una carta dirigida a la ministra presidenta Norma Piña. Ante ello, pidió a la Secretaría de Gobernación que hicieran pública la carta.


¿Qué dice la carta de AMLO enviada a Norma Piña?

El oficio está fechado al 12 de diciembre de 2023 y dirigido a Norma Piña, firmado por Luisa Alcalde Luján, titular de Gobernación.

En este se señala la decisión de noviembre tomada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito en la Ciudad de México, en la que los magistrados “estimaron fundado el agravio aducido por los 8 militares inculpados dentro de la causa penal 1/2023 (...) En consecuencia se determinó modificar y conceder la suspensión para celebrar una nueva audiencia a fin de que se emita una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa decretada” a los militares inculpados.

Se apunta que la modificación de la medida de prisión preventiva causa un alto riesgo de sustracción de la justicia, pues los acusados podrían volverse ilocalizables o huir del país.

“Debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de los madres y padres que los buscan. Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de Derecho (...)”.

El 20 de enero, una jueza federal revocó la prisión preventiva para los ocho elementos para que puedan continuar su juicio en libertad. Como medidas extras, se indica que deben pagar una fianza, tienen prohibido salir del país y deben presentarse quincenalmente ante los juzgados.

El abogado de las familias de los desaparecidos, Santiago Aguirre, explicó que los beneficiados por este cambio en la medida cautelar son acusados por el delito de desaparición forzada de personas. Esta decisión es un nuevo golpe al caso que tiene ya nueve años sin esclarecerse, dijo.

“Es la confirmación de que el caso se está cayendo por la intervención de Sedena (Secretaria de la Defensa Nacional)”, agregó Aguirre. “En la defensa de estos acusados participan abogados militares”.

Con información de AP.

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