La decisión del Poder Judicial de dejar que los ocho militares involucrados en el caso Ayotzinapa sigan su proceso en libertad es política y con la finalidad de afectar al Ejército y al Ejecutivo, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, ayer, en su conferencia de prensa.
“Lo que es lamentable es que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos”.
“Lo que hay es un interés político del Poder Judicial, se le envió una carta a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Norma Piña). Como si le hubiésemos dicho: ‘libérenlos’”.
El mandatario instruyó a la Secretaría de Gobernación a hacer pública la misiva, la cual está fechada el 12 de diciembre de 2023.
En ésta se hace referencia al agravio que declararon fundado en el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de Primer Circuito contra el subteniente Omar Torres, Roberto de los Santos, Ramiro Manzanares, Juan Andrés Flores, Gustavo Rodríguez, Uri Reyes, Eloy Estrada y Juan Sotelo Díaz, acusados de desaparición forzada.
La dependencia alertó que de quitar la prisión preventiva podría haber obstrucción de la justicia, pues los militares, con rangos de subtenientes, sargentos y cabos, podrían volverse ilocalizables o huir.
“Confiamos en que el Poder Judicial de la Federación velará por el Estado de derecho, garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables a fin de no generar a la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia”, se lee en el documento firmado por la secretaria Luisa María Alcalde.
El Ejecutivo federal criticó que se haya aplicado la medida usual del Poder Judicial de que no se integraron bien las carpetas, “esto es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide”, así como que hayan aplicado el “sabadazo”.
Consideró que el objetivo es hacerlo quedar mal a él y al Ejército.
“Estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores inmorales, farsantes; toda esa caterva de hipócritas. Y lo vamos a seguir haciendo y les vamos a ir explicado poco a poco, porque es una maraña que dejaron y siguen”.
Atendiendo a la instrucción del Presidente @lopezobrador_, hacemos pública la carta que enviamos a la ministra Norma Piña desde el 12 de diciembre sobre la posible liberación de 8 militares vinculados al caso Ayotzinapa.
— Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) January 23, 2024
Ahí le advertimos del riesgo de modificar las medidas… pic.twitter.com/q4B1hX2UTi
Al mandatario se le preguntó por las críticas de Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de Segob, que también presidió la comisión para la verdad sobre el caso, respecto de que era lamentable que del Ejército litigaran contra la investigación del propio Presidente.
“No estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, no estoy de acuerdo”, replicó de manera tajante.
Dijo que aunque le quedan ocho meses de gobierno serán suficientes para cerrar el caso, aunque “quisieran que no nos alcanzara el tiempo”.
De acuerdo con un comunicado que difundió el Consejo de la Judicatura Federal la noche del viernes se determinó como improcedente continuar con la medida de prisión preventiva porque la Fiscalía General de la República “no había aportado datos de prueba que justificara su idoneidad y pertinencia”.
Así, se dictaron medidas cautelares como la presentación los días 1 y 16 de cada mes en el juzgado de distrito, la exhibición de una garantía económica por 50 mil pesos, la prohibición de salir del país, entregando al juzgado el original de su pasaporte, así como la prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con víctimas o testigos protegidos del caso en torno a la desaparición de 43 jóvenes en Iguala, Guerrero.