México proporcionará empleos y una remuneración de 660 dólares a los venezolanos que acepten regresar a su país de origen como parte de un esfuerzo conjunto para reducir la migración, pero garantizando un empleo a las personas.
Importantes empresas, entre ellas Polar, Petróleos de Venezuela, Grupo Bimbo y Fomento Económico Mexicano acordaron ofrecer a los migrantes trabajos remunerados con 110 dólares al mes durante al menos medio año como incentivo para regresar a Venezuela, dijo este jueves 21 de marzo la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena. La canciller no especificó cuántos inmigrantes podrían solicitar el programa.
El plan surge cinco meses después de una reunión entre el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Andrés Manuel López Obrador y también se produce tras la renovación en diciembre de los vuelos de repatriación desde México, que ha visto aumentar los flujos de migrantes venezolanos que intentan llegar a la frontera sur de Estados Unidos.
México se enfrenta a la presión de las autoridades estadounidenses para que reduzca el número de migrantes en la frontera común de ambos países, en un intento de aliviar la presión sobre los recursos estadounidenses y mejorar la reputación del presidente Joe Biden entre los votantes de cara a las elecciones de noviembre.
La Secretaría de Relaciones Exteriores no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre el número de personas migrantes inscritas.
México presenta informe contra la ley antimigrante de Texas
México presentó el jueves en una corte estadounidense un informe contra la ley de Texas, que permite a ese estado detener y deportar a las personas que ingresen de forma ilegal a Estados Unidos y que temporalmente está en suspenso.
La canciller mexicana, Alicia Bárcena, anunció en su cuenta de la red social X, antes Twitter, que fue consignado ante una Corte de Apelaciones un escrito, conocido como “amicus curiae” (amigos de la corte), para exponer la visión de las autoridades mexicanas sobre esa polémica norma, a la que calificaron como violatoria de derechos humanos.
Al hablar de los alcances de la acción, Bárcena informó más temprano en la conferencia presidencial matutina que México busca plantear sus “puntos de vista” sobre esa ley y aseguró que la norma es “profundamente inconstitucional porque el tema migratorio en Estados Unidos es federal”.
México sostiene que la ley de Texas puede conducir al “acoso, detención, expulsión y criminalización indebida” de mexicanos e individuos de apariencia latina, detonar un “ambiente de incertidumbre” e impactar en la colaboración y diálogo sobre asuntos fronterizos y en el comercio entre los dos países, señala un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
La canciller reiteró que no se permitirá “ninguna acción” de las autoridades ni policías de Texas contra los mexicanos que residen allí, que estimó que alcanzan a 26 por ciento de la población, e indicó que los 11 consulados mexicanos tienen instrucciones para brindar protección y orientación a sus ciudadanos.
Esta semana tres jueces de esa misma Corte de Apelaciones suspendieron temporalmente la ley, tras una decisión que emitió la Corte Suprema de Estados Unidos que permitió que la legislación entrara en vigor el martes durante varias horas.
De acuerdo con la ley de Texas, una vez que los migrantes están bajo custodia por cargos de ingreso ilegal, pueden aceptar la orden de un juez de abandonar Estados Unidos o enfrentar un proceso judicial. Pero México ha dicho que se negaría a recibir a cualquiera a quien se le ordene cruzar la frontera.
“Desde luego estamos en contra de esta ley draconiana, completamente opuesta, contraria a los derechos humanos”, señaló el miércoles el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, al anunciar que en México “no aceptaríamos deportaciones”.
Con información de AP